Escribe César Ipenza / Programa de Conservación – SPDA

Muchos hemos tomado al Decreto Legislativo 1100 como una buena señal del Gobierno para enfrentar una de las nuevas amenazas a la gobernabilidad del país, el cual afecta gravemente a regiones como Madre de Dios y Puno. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta norma no sólo establece nuevas reglas y retos para nuestras autoridades, sino que también requiere atención particular y asignación de recursos, así como de capacidades técnicas y de coordinación.

El Decreto establece que los sectores podrán instalar oficinas desconcentradas en las localidades donde sean necesarias -lo cual significa recursos adicionales- y además se priorizarán las acciones de interdicción cuando se generen impactos significativos y graves daños al ambiente. En ese sentido, presumimos que las primeras acciones se iniciarán en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Loreto, Amazonas y Huánuco.

Esta norma consolida lo avanzado y es el inicio para que el Estado responda de manera articulada ante las actividades mineras ilegales. Sin embargo, es oportuno mencionar que se requiere asignar recursos adicionales a las autoridades involucradas en este proceso, a fin de que puedan responder oportuna y eficazmente a sus nuevos roles.

Sin los recursos necesarios, difícilmente se podrán asumir estos nuevos retos porque se tiene que ampliar la cobertura a regiones que requieren de atención prioritaria. Por ejemplo, los costos del operativo a cargo de la DICAPI, en febrero de 2011, fue de dos millones y medio de soles aproximadamente, lo que significó el presupuesto anual de esta institución para este tipo de situaciones. O sea, este recurso se agotó en un solo operativo.

No pretendamos que nuestras autoridades respondan si no cuentan con los recursos necesarios. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT deberán cumplir con el rol importante que les corresponde.

Otro tema fundamental es el inicio de un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de estos Decretos Legislativos. Si bien es cierto que estas normas constituyen una herramienta fundamental, la minería ilegal difícilmente podrá enfrentarse si tenemos funcionarios y sectores que no cumplen con lo estipulado.

Asimismo, se debe mantener firme la decisión de continuar y no dar marcha atrás, pues ya se empiezan a escuchar anuncios de paros y marchas de los mineros. El estallido de “la protesta social” no debe llevar al gobierno a la generación de nuevas “mesas de diálogo” o “comisiones de alto nivel” que hagan retroceder o suspender las acciones. El gobierno debe demostrar el principio de autoridad porque la ilegalidad no está sujeta a negociación. Ya es hora de que los mineros ilegales empiecen a cumplir con el país.

Ver además:
Quién es Quién en el Interdicción de la Minería Ilegal