• El 1 de setiembre de 2014 fueron asesinados Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Desde entonces, los familiares y organizaciones indígenas esperan que se haga justicia.
• Se estima que la sentencia podría dictarse a finales de año. La siguiente sesión se realizará el lunes 27 de junio a las 11 a. m.

 

Este lunes 20 de junio inició el juicio oral por el asesinato de los cuatro líderes ashéninkas en setiembre del 2014. De acuerdo a la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, a través del fiscal Dennis Vega Sotelo, el brasileño Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, serían los coautores del crimen; mientras que José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, los autores mediatos. A los cinco se les acusa de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de madera y tala ilegal. 

Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo pertenecían a la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto y fueron asesinados a balazos cuando se dirigían a una reunión de líderes indígenas en Brasil. Las víctimas fueron interceptadas cerca de al frontera con el vecino país, en la región Ucayali. Por este hecho, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel para los implicados y, desde la parte civil, se pidió una reparación de 250 mil soles para cada una de las víctimas. 

Desarrollo de la audiencia

El juicio oral estaba programado para comenzar el pasado 4 de abril; sin embargo, fue suspendido luego que los acusados Eurico Mapes Gómez ni los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix se presentarán a la audiencia tras argumentar que fueron mal notificados. Por ello recién este lunes 20 de junio se inició la etapa que contará con más de 25 audiencias y, de acuerdo al abogado de los familiares de los líderes asesinados, Óscar Romero, se estima que los alegatos finales iniciarán en septiembre y la sentencia podría dictarse a finales de año. 

Una de las primeras acciones realizadas en esta sesión fue declarar reo contumaz a Eurico Mapes Gómez por no presentarse al juicio oral, a pesar que días previos se difundió la citación a través de tres radios locales. La Corte Superior de Justicia de Ucayali falló a favor del pedido de la fiscalía al mencionar que en dos oportunidades previas Eurico Mapes prestó declaraciones, por lo que “existe conocimiento de la acusación en su contra”. 

Asimismo, durante la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas, entre ellos Diana Ríos, hija de Jorge Ríos, asesinado junto a Edwin Chota. “Nosotras no estamos tranquilas. Cuando ellos estén detenidos recién encontraremos justicia”, detalla Ríos. 

“Cuando asesinaron a mi padre yo tenía 22 años y mi hermano apenas un mes. Fue un momento difícil, que te digan que mataron a tu padre cuando hace un momento hablaste con él, afecta”, rememora Ríos en conversación con Actualidad Ambiental. 

Vínculos con la corrupción

En la audiencia se presentó la abogada Esthefany Rubina Arana, representante legal de Hugo Soria Flores; y Lizandro Leveau, abogado de Segundo y Josimar Atachi Félix. Cabe recordar que , en el 2013, Leveau fue favorecido en el alquiler irregular de un inmueble destinado a la sede principal del Gobierno Regional de Ucayali. Por este motivo, la Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali sentenció -en el 2017- al expresidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, a cinco años y cuatro meses de prisión. 

También estuvo presente Fernando Ángeles, abogado del acusado José Carlos Estrada, quien -de acuerdo a un informe publicado por El Comercio– tendría vínculos con Rodolfo Orellana, al formar un estudio de abogados en el 2004 denominado: Orellana, Francia y Ángeles Abogados Asociados.

Lucha por los derechos colectivos

Entre los años 2008 y 2014, Edwin Chota presentó al menos tres denuncias y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto. Asimismo, informó sobre las amenazas que padecían los integrantes de su comunidad e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación.

Luego de seis años de gestiones consiguió, por fin, que representantes del Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) realizarán una evaluación en campo. Él participó en la diligencia, desarrollada entre el 25 y 29 de agosto de 2014. Este fue el último trabajo que Chota realizaría.

En julio de 2015, casi un año después de la muerte de Edwin Chota, la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto fue titulada por un área de 78 129 hectáreas dividida en dos sectores. Este derecho permitió a la comunidad que madereros ilegales y concesionarios forestales dejaran de operar en su territorio por lo menos por tres años, pero la falta de control por parte del Estado permitió que el bosque comunal vuelva a ser amenazado por los taladores y un grupo creciente de cocaleros y narcotraficantes.

Según Mongabay Latam, la deforestación generada por el narcotráfico y los taladores ilegales en la región de Ucayali continúa siendo avasalladora. De acuerdo con el último informe de la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali, este departamento registró 31 543 hectáreas de pérdida de cobertura boscosa en el 2021 por causa de actividades ilegales.

Después de los bosques de producción permanente, las comunidades nativas representan la segunda categoría territorial con mayores índices de deforestación. El desbosque en ambos espacios representa el 75.13 % del total registrado en Ucayali el año pasado.

Asimismo, en los últimos 20 años, detalla el informe, los pueblos indígenas de la región amazónica han perdido más de 100 mil hectáreas de bosques, según cifras de la Gerffs. Fue durante el 2019 (8 216 hectáreas) y 2020 (9 701 hectáreas) que la depredación forestal en Ucayali llegó a sus niveles más altos. La escalada de desbosque, se aprecia en el estudio, empezó en el 2008, año en que Edwin Chota presentó su primera denuncia frente a la tala indiscriminada en su comunidad.