•  Los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados el 1 de setiembre de 2014.

Después del juicio que se inició en junio de 2022, el Poder Judicial sentenció a 28 años y 3 meses de prisión a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gomez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix, quienes fueron declarados culpables del homicidio doloso de cuatro líderes ashéninkas de Ucayali.

Como se recuerda, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo pertenecían a la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto y fueron asesinados cuando se dirigían a una reunión de líderes indígenas en Brasil. Las víctimas fueron interceptadas cerca de la frontera con el vecino país, en la región Ucayali.

Por este hecho, la Fiscalía solicitó 35 años de cárcel para los implicados y una reparación de 250 mil soles para cada una de las víctimas. Según informó Ojo Público, además de la prisión, todos los implicados deberán pagar 200 mil soles por concepto de reparación civil.

Ante de su asesinato, Edwin Chota, además de luchar por la titulación de su territorio, denunció presentó al menos tres denuncias (entre 2008 y 2014) y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto. Asimismo, informó sobre las amenazas que padecían los integrantes de su comunidad e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación.

Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.

Luego de seis años de gestiones consiguió, por fin, que representantes del Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) realizarán una evaluación en campo. Chota participó en la diligencia, desarrollada entre el 25 y 29 de agosto de 2014, pero sería el último trabajo que realizaría.

En julio de 2015, la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto fue titulada por un área de 78 129 hectáreas dividida en dos sectores. Este derecho permitió a la comunidad que madereros ilegales y concesionarios forestales dejaran de operar en su territorio por lo menos por tres años, pero la falta de control por parte del Estado permitió que el bosque comunal vuelva a ser amenazado por los taladores y un grupo creciente de cocaleros y narcotraficantes.

Tras el asesinato de los cuatro líderes indígenas, la violencia y amenazas pasaron a las familias que reclamaban justicia. Al igual que muchos defensores ambientales, los familiares y líderes de la comunidad no han dejado de recibir amenazas, según señala un informe del Ojo Público.