Foto: Jaime Tranca / SPDA

• Según informe anual, el año pasado fueron asesinados al menos seis defensores de derechos humanos en zonas donde se realiza la tala ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilegales.

En su informe anual (2022-2023), Amnistía Internacional hizo un balance respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, incluido el Perú, país que ha llamado la atención debido a casos como desastres ambientales, falta de acción oportuna de las autoridades para proteger a los defensores ambientales, represión policial en protestas, falta de consulta a pueblos indígenas, entre otros.

El informe inicia refiriéndose a la muerte de 48 civiles y un policía debido a las protestas que se registran desde diciembre del año pasado en contra de la presidenta Dina Boluarte y su gabinete ministerial. Estas manifestaciones se registraron con mayor intensidad en Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Lima y Puno.

Respecto a la labor del Estado para proteger a los ciudadanos frente a impactos ambientales, Amnistía señaló que las autoridades “no atendieron oportunamente las necesidades de las comunidades afectadas y otras sustancias tóxicas, pese a que existe un plan de acción que involucra a diversos ministerios, y que ya cuenta con presupuesto aprobado por el Congreso para brindar atención médica especializada a comunidades afectadas en seis regiones”.

Otro caso que resalta es el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022, en una estación de la Refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol. El informe resalta que varias personas afectadas por este desastre no habían sido atendidas ni habían recibido reparación alguna por el daño. Asimismo, agrega que la empresa no se ha encargado de limpiar todas las zonas afectadas. Hasta la fecha, por ejemplo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha registrado 24 puntos que aún siguen contaminados.

El documento también incluye el derrame de petróleo ocurrido en setiembre del mismo año, en Loreto. Unos 2500 barriles fueron derramados en Cuninico, lo cual afectó a más de 17 comunidades indígenas y los dejó “sin alimentos y agua durante varios días, lo cual vulneró su derecho a vivir en un medioambiente saludable”.

Defensores de derechos humanos

El informe también resaltó que, el año pasado, el Congreso peruano archivó nuevamente la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca fortalecer los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como mejorar la protección de los defensores ambientales.

Respecto a la situación de los defensores de derechos humanos, Amnistía informó que al menos seis de ellos fueron asesinados en los departamentos de Madre de Dios, Loreto, Junín y Huánuco, y que “las autoridades no proporcionaron seguridad suficiente en las regiones en las que las personas defensoras corrían un mayor peligro debido a la tala ilegal, el tráfi­co de drogas y otras actividades ilícitas”.

“Si bien desde abril del 2021 existe el Mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos, en algunos casos no se ha activado oportunamente y no todas las entidades públicas involucradas cuentan con protocolos de acción ante ataques y amenazas, siendo el caso más grave el de la Policía Nacional, que hasta la fecha no ha cumplido con este requisito”, apuntó la organización.

Foto: Diego Pérez / SPDA

Pueblos indígenas

El informe también destaca que, en marzo de 2022, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible una demanda interpuesta por comunidades indígenas en relación con las concesiones mineras existentes en sus territorios, con el argumento de que la consulta previa no tenía rango constitucional.

Según Amnistía, “el TC no tomó en consideración el rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos ratifi­cados por Perú, lo cual pone en riesgo la obligatoriedad de la consulta previa que debe realizarse en los territorios que van a ser impactados por actividades extractivas”.

“Las autoridades deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y obtener su consentimiento libre, previo e informado para llevar a cabo proyectos en su territorio. Los homicidios de personas indígenas deben ser investigados de forma inmediata, imparcial y efectiva”, indicó la organización.

Otros temas al que hace referencia el informe es al alto nivel de desigualdad social en el país y la insufi­ciente inversión en salud pública; la violencia contra mujeres y niñas; los derechos sexuales reproductivos; los derechos de las personas LGBTI; entre otros.

Dato:

• Puedes descargar el informe global de Amnistía Internacional en este enlace.