El escenario es desolador: miles de árboles fueron talados y quemados en la región Ucayali con el fin de convertir los terrenos en áreas para el cultivo de palma aceitera. El hecho fue realizado sin permiso de desbosque, sin autorización de cambio de uso de suelo y sin estudio de impacto ambiental, así lo denunció un reportaje de Panorama.

Según el informe, la empresa Plantaciones Ucayali SAC compró miles de hectáreas de selva amazónica y, sin permiso de desbosque, taló miles de árboles. En tan solo año y medio deforestó una extensión equivalente Surco, San Borja y San Luis juntos.

“En diciembre de 2012, la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali vendió cerca de 5 mil hectáreas de bosque (a once céntimos el metro cuadrado) a la empresa Plantaciones Ucayali bosques que por su condición de vírgenes son considerados patrimonio de la Nación”, señala el reportaje.

“El proceso de descentralización permite a los gobiernos regionales vender sin solicitar al comprador los permisos de desbosque o estudios de impacto ambiental que aseguren que el trabajo agrícola que realizarán no afectará el ecosistema”, agrega.

El personaje que resalta en esta devastación de nuestra Amazonía, es Dennis Melka, empresario que también estaría detrás de Cacao del Perú Norte, responsable de la deforestación de bosques en Tamshiyacu (Loreto). La modalidad en ambas regiones es la misma: compran terrenos, la deforestan y luego amenazan a los pobladores de las inmediaciones para comprarles sus predios agrícolas.

Actualmente existen solicitudes de adjudicaciones de bosques en Loreto y Ucayali por más de 100 mil hectáreas.

DENUNCIA FUE PRESENTADA HACE UN AÑO

La denuncia a estas empresas por deforestación ya se había realizado el año pasado por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE). Según la organización, entre marzo y octubre de 2013 de deforestó 13,076 hectáreas de bosques primarios en las localidades de Tamshiyacu (Loreto) y Nueva Requena (Ucayali) con el fin de instalar monocultivos agroindustriales (en especial la palma aceitera).

Estos hechos, señala la SPDE, se hicieron mediante tráfico de tierras, extorsión, usurpación de predios, invasión de áreas, y trato directo con funcionarios públicos.

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