La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un balance del caso de contaminación industrial en La Oroya (Junín), considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. (Ver informe)

“El derecho a la salud de la población de La Oroya y, especialmente, de los niños, que son particularmente vulnerables a la contaminación por plomo y otros metales pesados, ha sido claramente violado durante muchos años”, señala el informe que, además, hace un recuento de las etapas por las que pasó este caso, luego de que diversas organizaciones denunciaran casos de afectación a la salud de los pobladores.

Durante décadas, la población de La Oroya ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. El complejo opera desde 1922.

El documento brinda, además, recomendaciones al Estado Peruano sobre este caso. En una de ellas pide que el Estado “se cerciore de que la protección del medio ambiente y de los derechos humanos constituyen un elemento clave en todo proceso de licitación internacional, y de que no se conceda ningún tipo de exoneración o de inmunidad a cualquier nuevo operador”. Asimismo, sugiere que nuestras autoridades deben tomar “inmediatamente medidas para rehabilitar los suelos de La Oroya”.

DÉCADAS DE DAÑO A LA SALUD

Según estudios, en esta ciudad el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta en la actualidad niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles.

Doe Run Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Run Company, comenzó a operar el complejo tras su privatización en 1997. Desde ese año, la empresa y el Estado peruano han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya.

Ante ello, diversas organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad.

“AIDA lleva más de una década trabajando y dando seguimiento a la situación en La Oroya. Durante estos años hemos podido constatar la gravedad de los daños a la salud de los que han sido víctimas los pobladores de La Oroya a causa de la contaminación a la que han estado y continúan estando expuestos. En esa medida, el Estado debe asumir sus obligaciones y cumplir a cabalidad las medidas cautelares de la CIDH, las cuales están vigentes”, dijo María José Veramendi, asesora legal de AIDA.

A finales de 2010, Renco inició un arbitraje internacional —alegando la violación de sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos— y pidió una compensación de 800 millones de dólares.

“La empresa no sólo negó los impactos en los ciudadanos y trató de eludir su responsabilidad, sino que, ante las protestas, siguió una campaña de estigmatización y ataques contra los que trataban de defender sus derechos”, afirmó Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH.

Leer y descargar el documento:

Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre el actual estado de La Oroya by spdaactualidad