Dentro de las actividades por su 30 aniversario, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó una publicación sobre el avance de la minería ilegal dentro de cinco áreas naturales protegidas en nuestro país.
La investigación “Minería ilegal. Áreas naturales protegidas en peligro” presenta estos cinco casos a través de cifras, cronología y el contexto actual de cada uno de ellos.
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El área más afectada, según la publicación, es la Reserva Nacional Tambopata, ubicada en la región Madre de Dios, donde –además de 10 mil hectáreas de la zona de amortiguamiento que ya han sido afectadas– los mineros han invadido 450 hectáreas dentro de la misma reserva.
Otro lugar afectado es la Reserva Nacional San Fernando, en Ica, donde los mineros han instalado varios campamentos para extraer oro a través de socavones. La zona más afectada se encuentra en el cerro Huaricangana. Ahí, los mineros no permiten la entrada de extraños, amenazando incluso con armas de fuego.
Dentro de Parque Nacional Huascarán también existen mineros ilegales, pero estos no son desalojados debido a que la comunidad de Vicos no permite el ingreso de las autoridades. Pese a ello, en junio del año pasado se realizó un operativo de interdicción, sin embargo no se sabe cuál es el estado actual por el acceso restringido.
La frontera tampoco se salva de la minería. Cerca al Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, existen túneles en donde mineros peruanos y ecuatorianos extraen el mineral de manera ilegal. Según el Sernanp, dentro del área natural aún no se ha registrado minería, pero existe una alerta por la cercanía de estas actividades.
De igual manera, el Parque Nacional del Manu también sufre esta amenaza por su cercanía a la minería registrada en Madre de Dios. A ello se suma la construcción ilegal de una vía terrestre, la cual es impulsada por el Gobierno Regional de Madre de Dios.
El libro fue presentado por el periodista Ricardo León; el asesor del Ministerio del Ambiente (Minam), César Ipenza; la directora del Programa de Conservación de la SPDA, Silvana Baldovino; la directora de ACCA, Daniela Pogliani; y Marco Pastor, representante del Sernanp.
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