• Grupo de trabajo estará integrado por representantes de la PCM, Minam, Minem y Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, participará un representante de Indecopi.

Por Guillermo Reaño / Viajeros

 

El Gobierno promulgó, el lunes pasado, la Resolución Suprema 220-2022-PCM, que crea una Comisión Multisectorial encargada de hacer seguimiento a las acciones adoptadas o por adoptar frente a los daños ambientales ocasionados por el derrame de petróleo de Repsol con el fin de garantizar una adecuada reparación e indemnización al Estado.

Esta comisión, que se crea ocho meses después del derrame de casi 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, tendrá un plazo de cinco meses para cumplir con su objetivo y garantizar que en este caso emblemático se logre la justicia ambiental.

Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la comisión estará integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como los ministerios de del Ambiente (Minam) –que asumirá la Secretaría Técnica-, Energía y Minas (Minem), Justicia y Derechos Humanos. También participará el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), institución que logró que se admita en el Poder Judicial una demanda contra Repsol por 4 mil millones de dólares por daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados.

La comisión tendrá además la potestad de invitar a especialistas, representantes de entidades públicas, personas jurídicas privadas, instituciones académicas y de investigación, así como de organismos internacionales, en calidad de invitados.

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Unidos por una sola causa

Sobre esta medida, conversamos con Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como se sabe, la SPDA hizo público -en febrero pasado- un documento con once propuestas normativas para evitar que se produzca una catástrofe ambiental como la de Ventanilla.

Entre las propuestas, figura la elaboración de dos proyectos de ley que la institución ambiental viene impulsando: el primero establece responsabilidades frente a emergencias ambientales como la sucedida en el Callao; y, el segundo, modifica el régimen de responsabilidad ambiental.

Para la especialista de la SPDA se trata de transformar el régimen de responsabilidad actual por uno que permita a los organismos de control y fiscalización del Estado ejercer sus funciones de tal forma que se evite la impunidad de las empresas en situaciones como la vivida en la costa peruana. Mora y su equipo de trabajo están convencidos de que la Comisión Multisectorial creada va a unificar lo hecho por las diferentes entidades estatales durante estos meses de marchas y contramarchas.

“Tengo muchas esperanzas en esta comisión, allí vamos a remitir los proyectos de ley que hemos preparado. Nos interesa que el Estado se apropie de las propuestas ciudadanas que han sido elaboradas por instituciones especializadas y se generen los cambios que necesitamos”, resaltó Mora Paniagua.

La especialista también recuerda que en el 2014 se estableció una comisión similar en el contexto del conflicto ambiental en Cajamarca, a propósito del proyecto Conga, que posteriormente favoreció a la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el organismo al Minam que evalúa la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país.

“Espero que esta comisión, luego de evaluar los errores cometidos por parte del Estado y analizar el accionar de los operadores privados, proponga y realice cambios estructurales. Los proyectos de ley que hemos trabajado proponen dos caminos que debemos transitar para que sucesos como este no se repitan: uno que investigue y sancione a los infractores para generar disuasión y otro que permita la reparación del daño y las afectaciones producidas”, explicó Carol Mora.

Asimismo, agregó que el marco jurídico con el que se atendió el desastre ambiental estaba desfasado y que la respuesta temprana a la emergencia no fue la adecuada.

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Lo que se viene

Actualidad Ambiental también conversó con un funcionario de Indecopi –quien prefirió mantener su nombre en reserva- sobre la decisión del Ejecutivo de incluir a un representante de la institución en la Comisión Multisectorial.

“Si la comisión hace suya la demanda de Indecopi podríamos contrarrestar el lobby de Repsol para detener las acciones que hemos emprendido y tener más argumentos para que se haga justicia con los 700 mil peruanos afectados por el derrame”, comentó.

Finalmente, Carol Mora de la SPDA espera que estas medidas adoptadas por el Ejecutivo deberían dar frutos: “Si no es ahora, no la hacemos nunca. […] Para nosotros, la responsabilidad ambiental de Repsol es indiscutible y eso es lo que se tiene que resolver judicialmente. Tenemos la oportunidad de dar resoluciones emblemáticas que sean oportunas y, sobre todo, ejecutables”.

Para la abogada de la SPDA es importante que se repare con prontitud lo que se dañó y que el Estado privilegie, sobre cualquier otro interés, la defensa del patrimonio natural de los peruanos y peruanas. Y que los derechos fundamentales de las personas, de todas sin distinción, sean protegidos por un Estado cuyo marco normativo evita la impunidad.