• Dos años después del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, un reporte señaló que la lista de indemnizados ha beneficiado a delincuentes que no tienen relación productiva con el mar. 
• Al ser consultadas respecto al tema, tanto la empresa, como las autoridades gubernamentales afirman no ser responsables de estas irregularidades. 

 

Hace dos años, Zoila Cuba cuidaba de su ganado: cinco vacas que eran el sustento económico para ella y su familia. Zoila señala que su ganado falleció tras ingerir agua contaminada como consecuencia del derrame y solo le quedan las chapetas con las que las identificaba. Lleva los aretes de sus reses a las protestas, donde la acompañan cientos de damnificados que tampoco han sido incluidos en el padrón realizado por el Estado.  

“Yo perdí cinco ganados de alta producción, cinco animales que me producían, me daban de comer. Me quedé sin el tiempo, sin mi trabajo, sin mi medio de vida, señor. No consigo salir de la desgracia que he pasado”, señala Cuba.  

Al igual que varias personas afectadas por el derrame, Zoila Cuba no fue incluida en el padrón de indemnizados realizado por el Estado a través del Instituto de Defensa Civil (Indeci); sin embargo, según un reportaje de Panorama, sicarios, traficantes, incluso reos que cumplen condena, sí fueron empadronados y clasificados como damnificados pese a que ninguna de estas personas tiene relación con las actividades productivas en el mar o en la zona del desastre.  

El 4 de marzo de 2022, el Gobierno llegó a un acuerdo para indemnizar económicamente a las personas afectadas por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, acto que se dio bajo la figura de lucro cesante. Sin embargo, expertos advertían que el padrón de afectados tendría “vacíos”, los mismos que han terminado por ocasionar la inclusión de personas que no han sido directamente afectadas por el derrame. 

Uno de ellos es Juan Sulca Atencia, alias “Calata”, responsable de 20 asesinatos y que cumple condena en el penal Sarita Colonia desde diciembre de 2022. Según Panorama, la economía de «Calata» nunca dependió del mar. Era dueño de una “discoteca” que funcionaba como sitio de tortura para sus extorsionados. A pesar de ello, Sulca recibió una reparación de 68 mil soles.  

Al igual que Sulca, Aljemiro Sobrado Meza, alias “Cazador”, detenido en el megaoperativo de tráfico de armas a Ecuador, ha recibido diez depósitos bancarios. El último fue en noviembre del año pasado y la suma total es de 97 500 soles. Similar es el caso de Jairo Vargas Castillo y Anderzon Pérez Cordero, quienes cumplen condena por sicariato en el penal de Ancón desde 2019, dos años antes del incidente. Estos delincuentes han recibido 65 000 y 97 500 soles, respectivamente. 

Al ser cuestionado sobre cómo se empadronó a estas personas, el coronel EP Pedro Díaz, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci del Callao, señala que las falencias no son responsabilidad de la autoridad. “No, no es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos dado la asistencia técnica a cada una de las oficinas de Defensa Civil de los distritos afectados en este caso. Tanto a Ventanilla, tanto a Ancón como a Santa Rosa. Lo que nosotros subimos fue la data correcta. Lo que se depuró han sido los casos de gente que se duplicaba, que tenían mal llenados el DNI… y si ha habido gente que quedó fuera del padrón porque… se cerró el padrón con un tiempo prudencial. Hemos tenido el padrón abierto más de 8 meses”, indica el coronel. 

Díaz subraya que cada alcalde es presidente de la plataforma de Defensa Civil de su distrito. El coronel aseguró que Indeci conserva los formularios entregados por cada distrito. Esto permitirá ver quiénes son responsables de la inclusión de delincuentes en el padrón, pues en estos documentos se encuentran las firmas del evaluador, el subgerente de defensa civil y el alcalde.  

Fernando Saavedra, quien ocupaba el cargo de subgerente de Defensa Civil de Ventanilla cuando se realizó el empadronamiento, responsabiliza de esta situación a Indeci. “La elaboración del padrón estaba a cargo de los mismos pescadores. Indeci eran los responsables y encargados de aplicar los filtros finales”, señala el exfuncionario.  

Para José Llacuachaqui, representante de la Asociación de Pescadores de Ventanilla, esta respuesta de las autoridades no le resulta sorprendente. José figura en el padrón junto a otros 10 270 damnificados, clasificados en dos grupos: pescadores y operadores turísticos. A pesar de ello, protesta junto a sus compañeros; para él, el empadronamiento no fue plural, ni se hizo de la forma adecuada y los que reclaman, se arriesgan, pero no les queda de otra.  

“Lamentablemente, la autoridad en este caso, Indeci, a través de la PCM, vino dos horas por cada sector, ¡dos horas, ojo! Y no logró empadronar a toda la gente damnificada. Entonces, solo un grupo fuimos empadronado. […] Hoy en día nos están denunciando a nosotros, los dirigentes, porque supuestamente nosotros somos los que hemos mentido a la autoridad”, señaló el dirigente al medio televisivo.  

Repsol señala que el Padrón Único de Afectados lo elaboró la PCM e INDECI con la información de las municipalidades de los cinco distritos afectados. La empresa indica en su página web que más de 10 mil damnificados (98%) han cobrado la totalidad de sus compensaciones, hasta noviembre del año pasado. 

A cierre de esta nota, José Llacuachaqui, Zoila Cuba y sus compañeros siguen protestando por la inclusión de más de 30 mil damnificados a un segundo padrón bajo el canto “padrón corrupto, botín de sicarios”.