• Sanipes señala que se necesitan más estudios para asegurar que los pescadores ya pueden regresar a sus jornadas habituales, como lo hacían antes del 15 de enero de 2022, fecha del derrame de unos 12 mil barriles de petróleo en el mar peruano.
• Este año se tiene prevista la implementación de un plan de monitoreo de recursos hidrobiológicos. Sin embargo, hasta la fecha, esto no se ha logrado por falta de presupuesto.

 

«No puedo pescar, ni vender un pescado así. No cabe en mi cabeza vender un pescado contaminado», cuenta Roly Flores Rivera, pescador de la Asociación PESCOTURPERU (Ventanilla). Cuando Roly se encontraba pescando, en las aguas de la playa Costa Azul, se dio cuenta que, al recoger la carnada y el anzuelo, estos estaban manchados de petróleo. Esto sucedió en junio de este año.

Al igual que Roly, cientos de pescadores y comerciantes continúan sin poder realizar sus actividades cotidianas en el mar, tras el derrame de cerca de 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, el 15 de enero de 2022.

Hasta febrero de dicho año, el Ministerio de la Producción (Produce), estimó 2484 pescadores afectados de las zonas de Ancón, Cerro Pasamayo, Pasamayo, Ventanilla, Aucallama y Chancay. Sin embargo, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) calculó que, hasta marzo de este año, 10 263 personas se encontraban en el Padrón Único de Afectados (PUA).

Luego de declararse la emergencia ambiental, se establecieron una serie de actividades y fueron varias las autoridades involucradas, entre ellas el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Gobierno Regional del Callao, Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), entre otras.

Sin embargo, hasta la fecha no hay un pronunciamiento claro de autoridades como Imarpe, Sanipes y Produce para determinar si ya se puede o no consumir las especies marinas que son atrapadas en las zonas que fueron afectadas por este desastre ambiental.

En marzo de este año, un estudio biológico de Imarpe realizado en Ancón, Ventanilla y Chancay, afirmó que no se puede señalar que las zonas afectadas se encuentran libres de hidrocarburos.

Según el informe técnico, los valores de hidrocarburos totales de petróleo (TPH en inglés) oscilaron entre 0.0014 y 0.0288 mg/L, siendo más altos frente a dichas bahías. Las mayores concentraciones de TPH se registraron en zonas más costeras, así como en la línea de playa.

«Comparadas con los resultados de octubre del 2022, las concentraciones de THP fueron más altas, lo que estaría evidenciando el efecto de los anómalos fuertes oleajes ocurridos en semanas previas en la zona marino costera evaluada», se lee en el documento.

Por su parte, el último reporte de Sanipes (agosto 2023) señala que se realizaron inspecciones sanitarias de las operaciones de desembarcaderos, además de la evaluación de los recursos hidrobiológicos comercializados en Pucusana, Callao y Ancón. El estudio abarcó especies comerciales como tilapia, bonito, liza, pota, jurel, merluza, mariscos, toyo y langostinos. También se realizó la verificación de la rastreabilidad de recursos moluscos bivalvos y gasterópodos que se comercializan en la plataforma de exhibición y venta de operador.

Según la autoridad, «no se evidenció la presencia de olores a hidrocarburos en los recursos pesqueros, peces y moluscos bivalvos».

Al respecto, Carlos Olivares, especialista en Formalización Sanitaria Pesquera de la SPDA, señala que el informe no dice con claridad si es que las especies ya no representan un peligro para la salud para que los pescadores puedan regresar a sus jornadas de pesca, como lo hacían antes del derrame.

Asimismo, consideró que, para una mejor focalización de la evaluación de los recursos hidrobiológicos de las zonas afectadas, los monitoreos deben ser realizados en los puntos de desembarque y específicamente enfocados en la calidad del recurso, dando una minuciosa evaluación físico-organoléptica que determine si hay contaminación química.

Además, agregó que “los reportes de evaluación deberían mencionar tipo de especie y número de ejemplares tomados por cada una, así como el plan de muestreo que se está utilizando”.

Por último, concluyó que se debe implementar un programa de capacitaciones específico en evaluación físico-organoléptica y reconocimiento de peligros químicos en los recursos hidrobiológicos para los pescadores y manipuladores en las primeras etapas de la cadena productiva de las zonas afectadas.

Por otra parte, Jean Pierre Araujo, asesor legal de la SPDA, mencionó que, si bien el estudio a los recursos hidrobiológicos desembarcados realizado por Sanipes determinó que no se evidenciaría riesgo para el consumo humano, como ciudadanos tenemos el derecho a velar que “las entidades públicas competentes exijan el cumplimiento de las medidas necesarias para revertir los cambios en los ecosistemas marino-costeros y su impacto en los medios de vida, situación que debe ser abordada en el plan de rehabilitación a ser presentado por RELAPASAA, a más tardar en octubre de 2023”.

Araujo agregó que conocer la calidad de las playas se ha vuelto una tarea interminable. Más aún cuando el 31 de julio, pescadores de Ventanilla reportaron nuevas manchas de petróleo en las playas de dicho distrito.

Cabe destacar, además, que en mayo y junio de este año, OEFA tomó muestras de agua, arena de playa y sedimento marino en 78 formaciones costeras, distribuidas entre los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Chancay, Aucallama y Huacho. Los resultados de esta evaluación arrojaron un total de 19 zonas marino-costeras que continúan con presencia de hidrocarburos.

El plan de monitoreo que no se implementa

Los especialistas de la SPDA recordaron además que, aunque existe un Programa de Monitoreo Sanitario de recursos hidrobiológicos afectados por el derrame de hidrocarburos, gestionado por Produce y aprobado en 2022, este aún no se ha puesto en ejecución por falta de presupuesto. 

Según Sanipes, este programa el Programa de Monitoreo Sanitario, está proyectado para ejecutarse en este 2023, pero hasta la fecha no se pone en marcha debido a la falta de financiamiento.

Dicho programa nació a raíz de los resultados obtenidos de la investigación «Estudio de la condición sanitaria y análisis de riesgo en recursos hidrobiológicos afectados por el derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla», desarrollado por Sanipes.

El programa debería permitir obtener resultados del impacto del petróleo derramado sobre otros recursos hidrobiológicos, no solo sobre los moluscos bivalvos.

El 21 de junio de 2023, especialistas de la SPDA consultaron a Sanipes si los recursos hidrobiológicos representan un riesgo para la salud pública. El 26 de julio, el organismo respondió que se «requiere una mayor cantidad de muestras» para establecer la condición sanitaria y que se espera complementar con el programa de monitoreo. Es decir, luego del derrame de petróleo en Ventanilla de 2022, no se sabe con exactitud qué cantidad de recursos hidrobiológicos se encuentran contaminados y si es seguro o no pescar en las zonas afectadas.