Foto: Jaime Tranca / SPDA
- El organismo solicitó a OEFA y Digesa comprobar los anuncios de Repsol sobre la supuesta culminación de limpieza en cierto número de playas afectadas por el vertimiento de más de 11 mil barriles de crudo en mar peruano, el pasado 15 de enero.
A poco más de tres meses de ocurrido el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, en Ventanilla, la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en la necesidad de culminar la limpieza en las zonas afectadas y mejorar las acciones tanto de la empresa como del Estado, con el propósito de frenar los impactos ambientales que han perjudicado tanto a fauna como a pescadores y trabajadores de estos sectores.
La Defensoría mostró su preocupación pues, hasta la fecha, no ha sido oficialmente declarada limpia ninguna playa. Para ello, el organismo solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) corroborar los anuncios de la empresa Repsol, que asegura haber culminado con la limpieza de varias playas identificadas como afectadas.
El organismo también informó sobre las deficiencias que habría advertido respecto a las labores de limpieza y que habrían sido compartidas en reuniones con el Ministerio del Ambiente (Minam), OEFA, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
“Según se abordó en las citas, el proceso de limpieza aún no concluye y continúan reportándose zonas marino-costeras con petróleo, vulnerando de esta forma el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”, se lee en la nota.
La Defensoría del Pueblo también menciona la cifra de 900 especímenes muertos por los efectos del derrame de petróleo y que, si bien “se ha procedido a la liberación de aves sobrevivientes al derrame en playas al sur de Lima, se requiere que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) apruebe protocolos específicos para estas tareas, destinados a garantizar que las liberaciones se realicen en ecosistemas que resulten seguros para la salud y vida de los animales”.
Un punto importante, que también incluye la nota de la Defensoría, es que no se habría concluido con la identificación de la totalidad de actividades económicas afectadas, por lo que se reitera a la Presidencia del Consejo de ministros que lidere acciones que aseguran el apoyo a la totalidad de personas perjudicadas por el derrame.
“Aún no se habría concluido con la identificación de la totalidad de actividades económicas afectadas ni del impacto económico provocado en las personas que venían desarrollando las actividades económicas afectadas directa e indirectamente, vulnerando el derecho al trabajo de quienes desarrollaban labores como pesca artesanal, acuicultura, turismo, comercio y transporte de mercaderías, entre otras”, precisa la nota.
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