• Según el procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, “el acuerdo extrajudicial es ilegal”.

 

A un año y casi tres meses del derrame de casi 12 mil barriles de petróleo en el mar peruano, un grupo de 700 pescadores artesanales denunció que el acuerdo extrajudicial con la Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa), cuyo mayor accionista es Repsol, es abusivo y exigen una renegociación.

Según informó IDL Reporteros, de las 10 186 cabezas de familia registradas como afectados (según el registro oficial) por este desastre ambiental, más de 8 mil suscribieron un acuerdo con Relapasaa pero este contiene cláusulas que no beneficiarían a los perjudicados.

“El contrato extrajudicial establece, en la cláusula N 9, que ‘el Afectado, de forma definitiva, irrevocable e incondicional, mediante el presente documento cede y transfiere a Relapasaa, por el monto del Pago Total, todos los derechos, reclamos, títulos, acciones y demandas que puedan tener o surjan en el futuro […]’”, señala IDL Reporteros.

El acuerdo también establece que “si como consecuencia del Evento [el derrame de petróleo] se ha iniciado o se inicia cualquier reclamo o se abriera cualquier investigación o proceso de cualquier índole, conocida o desconocida, el Afectado realizará inmediatamente todos aquellos actos que sean necesarios para poner fin definitivo a dicho proceso”.

Debido a estos términos, un grupo de 19 organizaciones de pescadores artesanales rechaza el acuerdo. Según Mario Carranza, abogado de estas organizaciones, este contrato “es una cesión de derechos, no un acuerdo de compensación integral”. Asimismo, agrega que los derechos futuros e intransferibles de las víctimas del derrame del petróleo terminan siendo representados por la misma refinería que provocó el desastre.

El motivo de por qué la empresa fomenta este arreglo, agrega el abogado, es porque hasta ahora no hay una real valorización de los daños y el pago de una compensación económica justa. Por ello, hasta ahora 740 pescadores se niegan a firmar este acuerdo.

Ante esta negativa, la Defensoría del Pueblo recomendó abrir una mesa de diálogo y la empresa aceptó. Luego de la tercera reunión (realizada el 27 de marzo), donde participaron dirigentes pescadores de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, así como asociaciones civiles y defensoras de derechos humanos, el diálogo se entrampó aunque hubo algunos avances.

IDL informó que esta semana los pescadores y la empresa darán a conocer los montos de la indemnización.

[Ver además►Derrame de petróleo en la costa peruana: puntos claves para entender el desastre ambiental]

Acuerdo sería ilegal

Según el procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, “el acuerdo extrajudicial es ilegal. Existe jurisprudencia nacional e internacional que señala que la limitación de los derechos de perjuicios futuros no pueden ser negociados a rajatabla”.

Por su parte, la abogada Ana Leyva de CooperAcción, considera que “la transacción extrajudicial es abusiva e injusta […] es un mecanismo para evitar que las partes vayan a un proceso judicial, pero en este caso los afectados renuncian a todos sus derechos, y los ceden a la empresa”.

“El monto de compensación económica es totalmente arbitrario, Repsol no ha valorizado los daños de manera objetiva, no lo ha hecho a pesar de haber sido requerida por Osinergmin y sancionada por eso con 20 UIT (S/ 92 mil)”, agregó Leyva.

Cabe resaltar que el reclamo respecto a este acuerdo entre perjudicados y la empresa Repsol data desde enero de este año. Actualidad Ambiental conversó en dicha oportunidad con Zenón Gallegos, presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales de Chancay, quien denunció que varios afectados señalaron haber sido presionados a firmar “acuerdos abusivos” sin transparencia y de forma irregular.

Al respecto, Para Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), consideró que el acuerdo impulsado con Repsol restringe a los pescadores afectados a recibir más compensaciones económicas si en un futuro se determina que lo requieren.

“Se tratan de compensaciones destinadas a reparar los daños generados durante todo el 2022. La empresa no se estaría haciendo cargo de ninguna compensación en el 2023 porque ellos además sostienen que las playas ya están habilitadas para la pesca artesanal, situación que no es tal”, explicó Araujo.

Dato:

• Lee el informe completo de IDL Reporteros aquí.