Foto: Instituto de Defensa Legal

• Permisos otorgados para la extracción de madera ponen en peligro la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. 

La Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) denunció que, desde el 2015, el Gobierno Regional de Loreto ha otorgado al menos 47 concesiones forestales en territorios de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y la reserva indígena solicitada Yavarí Mirim.

Según informó Ojo Público, la mencionada organización indígena envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que exhorte al Estado peruano y, en específico, al Gobierno Regional de Loreto, a tomar acciones sobre las serias afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento (PIA) a causa del otorgamiento de estas concesiones.

La reserva Yavarí Tapiche fue creada en abril del 2021, con el fin de proteger a los pueblos indígenas que viven en la zona según el Decreto Supremo 002-2018-MC. El territorio, de 1 095 877 hectáreas, es la primera reserva indígena para pueblos en aislamiento aprobada en la región Loreto.

Francisco Hernández, vicepresidente de Orpio, señaló a Ojo Público que los madereros ilegales se dirigen a Yavarí Mirim, al no ser considerada una reserva indígena por el Estado.

El portal de investigación también informó que entre las empresas concesionarias están algunas que fueron investigadas por el presunto delito de tráfico de madera, otras sancionadas por no contar con documentos que acrediten la legalidad de la madera, e incluso figura una que fue inhabilitada por realizar cambio de uso de suelo no autorizado.

Maritza Quispe Mamani, abogada especializada en pueblos indígenas en aislamiento del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el Gobierno Regional de Loreto debe declarar de oficio la nulidad de estas concesiones por contravenir la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como la Ley de protección de pueblos indígenas u originarios en aislamiento o contacto inicial.

La Ley de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Contacto Inicial (PIACI) protege a más de 7 mil peruanos que viven en aislamiento y establece la intangibilidad de las reservas. Asimismo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) prohíbe la entrega de títulos habilitantes en territorio PIACI. Orpio denuncia que el Gobierno de Loreto otorgó las concesiones tras la promulgación de la ley.

Pese a existir un marco normativo, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, afirmó que los PIACI no existen y busca derogar la ley. En abril pasado, por ejemplo, junto a empresarios y autoridades regionales, firmó un documento que exigía la derogatoria de la mencionada norma que protege a uno de los grupos de peruanos más vulnerables del país.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, emitió un pronunciamiento exhortando al Ministerio de Cultura y a los gobiernos regionales y locales, en cuya jurisdicción habiten PIACI, adoptar las acciones necesarias para velar por la protección de los derechos de esta población altamente vulnerable, cuya existencia les genera obligaciones y cuyo incumplimiento puede ser eventualmente objeto de responsabilidad estatal.

«En ese marco, demandamos a las autoridades regionales de Loreto abstenerse de realizar acciones que atenten contra los derechos humanos de los PIACI y, por el contrario, adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas necesarias y correspondientes para promover sus derechos, así como contribuir en la categorización de las solicitudes de reservas indígenas que actualmente se encuentran en trámite», se lee en el documento.

Lee la nota completa de Ojo Público aquí.