- Organizaciones civiles publicaron un pronunciamiento para expresar su preocupación sobre las dificultades que enfrenta la lucha contra la minería ilegal, una actividad que atenta contra nuestra biodiversidad y los pueblos indígenas.
A través de un pronunciamiento, el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad expresó su “profunda preocupación” por la extensión del plazo de formalización de la pequeña minería y minería artesanal hasta diciembre de 2024, y por la poca transparencia respecto a la elaboración de una nueva ley que regule esta actividad.
Como se recuerda, el pasado 31 de diciembre, se promulgó la Ley 31388, Ley que prorroga la vigencia del Proceso de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre del 2024, pese a la oposición de organizaciones civiles y de la misma Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) debido a que dicha extensión dificulta la lucha contra la minería ilegal y sus delitos conexos.
Según el observatorio, esta ley -como parte de sus disposiciones complementarias finales- también dispuso la creación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su Política Nacional Multisectorial en un plazo no menor de ciento ochenta días. Actualmente, estos estarían en proceso de construcción, diseño y discusión; sin embargo, “a la fecha no se ha convocado a organizaciones de la sociedad civil y a otras instituciones que abordan estos temas”, y tampoco se ha considerado a “las voces de quienes vienen sufriendo los efectos directos de la minería informal e ilegal”.
“Este proceso requiere sin duda de la intervención y toma de decisiones de los diferentes funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), los mismos que deben contar con la experiencia, conocimiento, capacidad, idoneidad y reputación intachable en la materia bajo gestión, así como que no cuenten con cuestionamientos o vinculación referida a la actividad de la minería ilegal”, agregó el colectivo.
El observatorio también expresó su preocupación sobre la capacidad del titular de esta cartera, Carlos Sabino Palacios Pérez, para dirigir el Minem debido a que “acumula a la fecha investigaciones penales por diversos delitos cometidos entre los años 2014-2020, relacionados principalmente a los delitos de peculado y abuso de autoridad”.
Asimismo, advirtió “los intentos de flexibilizar y modificar las normas para la lucha contra la minería ilegal, que vendrían siendo promovidas desde el Congreso de la República, por el congresista Eduardo Salhuana del partido político Alianza para el Progreso”. Cabe recordar que Salhuana también fue exasesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN), y ha sido clave en la aprobación de la Ley 31388.
“Alertamos a todas las autoridades, y a la sociedad en general, sobre estos hechos que ponen en riesgo a la principal institución estatal del sector de energía y minas, que tiene a su cargo decisiones relevantes y relacionadas a la regulación de la actividad minera en nuestro país, y alertamos el intento de debilitar el marco jurídico contra la minería ilegal”, concluyó el pronunciamiento.
El documento está firmado por instituciones como la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Ecosistemas Andinos (ECOAN); Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza); Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales; Oceana Perú; Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú); Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Yunkawasi, entre otras.
Dato:
- El Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad fue constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial los pueblos indígenas y la vida silvestre que habitan en las áreas naturales protegidas y áreas claves de biodiversidad, ríos y otros cuerpos de agua.
Comments are closed here.