[Opinión] Democracia ambiental en tiempos de pandemia

Foto: Andina

Escriben: Carol Mora y Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

El origen del COVID-19 y su expansión acelerada

Han pasado casi 4 meses desde el reconocimiento del virus COVID–19 en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019; poco más de un mes desde que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de este año; y, a la fecha, ya son 185 países en el mundo que presentan casos de infectados a distintos niveles, dejando solo a 9 libres de contagio[1]. Esta velocidad con la que se ha propagado el virus en el mundo ha dejado en evidencia su alta capacidad de infección. Esta expansión acelerada, además, expone nuestra interdependencia como humanidad y lo lejos que estamos de conocer al planeta en su integridad y complejidad.

Según el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (PNUMA), el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), enfermedad zoonótica[2] causada por el virus COVID–19 no es la primera enfermedad que ha causado una pandemia, la muerte de miles de personas y estragos en la economía de los países. El ébola, la gripe aviar, el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), el Zika y el virus del Nilo Occidental son enfermedades zoonóticas que han ocasionado los mismos perjuicios en las últimas décadas[3].

Aunque aún existe una serie de discrepancias técnicas y políticas para determinar el origen real del virus, lo cierto es que es prioridad su contención y cura. Así, mientras científicos e investigadores médicos estudian el virus para encontrar una vacuna, el planeta se ha visto favorecido por lo que hasta ahora parece la medida más estratégica para la disminución de la curva de contagio: el confinamiento obligatorio. Mantenernos en aislamiento es una medida que han visto propicia muchos gobiernos para frenar la cadena de contagio y evitar acumular en un mismo periodo casos de COVID-19 que requieran atención médica en un contexto donde los sistemas de salud han desnudado su precariedad.

Ese aislamiento, temporal e involuntario, ha generado la paralización de las actividades humanas de todo tipo, impactando positivamente en las condiciones ambientales de nuestro entorno. Así, la calidad del aire y de las fuentes de agua ha mejorado considerablemente y los corredores de fauna silvestre que habían sido fragmentados por la construcción de espacios urbanos están siendo retomados por tierra, cielo y mar.

Pero este impacto, será coyuntural sino vemos estos efectos como una oportunidad en la que el planeta nos demuestra su capacidad de regeneración, pero también el efecto nocivo que generamos sobre este por ejercer presiones descontroladas y sobreexplotarla. Un planeta que emerge sin la presencia del hombre es idílico porque pronto nos reinsertaremos y si seguimos conviviendo con los recursos naturales y ecosistemas como lo hemos venido haciendo hasta ahora las consecuencias serán intolerables. Hoy más que nunca, hemos visto que la forma en que nos relacionamos con el planeta y con nuestro entorno inmediato puede comprometer nuestra propia existencia.

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Foto: SPDA

Naturaleza y vida

En el 2016, el PNUMA señaló que las enfermedades zoonóticas prosperan cuando hay cambios en el medio ambiente, en los huéspedes animales o humanos o en los mismos patógenos. Asimismo, indica que el crecimiento exponencial de la demografía mundial y el deterioro de ecosistemas estratégicos y hábitat de la fauna facilitaron la transferencia de patógenos, como los virus, de animales en personas. Aún más, afirma que “una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses”[4]. Por tanto, existe una relación directa entre mantener o potenciar la biodiversidad de un ecosistema y la resistencia en la propagación rápida de los virus.

De esta manera, hemos llegado a un punto crítico en donde el aprovechamiento de los recursos naturales, las actividades productivas y extractivas e incluso el modo de vida de las personas deberán tomar un rumbo sin precedentes con opciones de desarrollo más sostenibles.

Para ello, los líderes de los países deberán empezar a adoptar compromisos más ambiciosos que replanteen la interacción de las personas con la naturaleza y asegurar la transmisión de conocimiento ancestral para la conservación de ecosistemas. Las respuestas para gestionar riesgos de desastres, para evitar la propagación de enfermedades, para asegurar calidad de vida y elementos vitales como el agua y la calidad del aire, están en la propia naturaleza, la forma en la que interactuemos con esta es determinante.

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La participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental son derechos que se ejercen en democracia. Foto: SPDA

La democracia ambiental como condición esencial

En este contexto, la hipótesis que se planteó en la Declaración de Río en 1992, en búsqueda de la fórmula para el desarrollo sostenible, establecía en el Principio 10 de este instrumento internacional que “el mejor modo de tratar cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía, con el acceso a la información y a mecanismos de justicia para garantizar el respeto de los derechos ambientales”. Este es el sentido más amplio de justicia ambiental que trasciende de una justicia heterocompositiva y reactiva y se anticipa a que la justicia encuentra su origen en el propio acceso a información clave, esa información que impacta nuestras vidas, infiriéndose así que la información sobre los territorios y las decisiones que se toman sobre este son información pública y para el interés público. Una siguiente fase de esta justicia plena en su acceso y respuesta tiene que ver con la participación pública, esa que representa un derecho y un deber pues en tiempos de democracia no utilizar nuestros derechos es desconocer nuestra propia ciudadanía.

Con este enfoque, América Latina y el Caribe iniciaron el proceso de elaboración de un instrumento regional que ayudaría a uniformizar los estándares sobre los cuales se ejercen los derechos de acceso en materia ambiental y hacer de la región, un ámbito más democrático. Ha sido muy positiva esta aproximación regional considerando que los estándares de un país pueden mermar los esfuerzos del otro sino se adoptan parámetros integralmente, nuevamente, hoy más que nunca está comprobada nuestra interdependencia como humanidad.

Fue así, que en el 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú, instrumento regional que establece estándares y mecanismos para el desarrollo y el ejercicio de los derechos de acceso, pero que, además, brinda un reconocimiento a los defensores de derechos humanos ambientales y reconoce la necesidad de implementar medidas especiales para su protección. El Acuerdo de Escazú es una ventana de oportunidad en tiempos de corrupción, poca transparencia y rendición de cuentas, en tiempos de afectaciones a quienes libran en primera fila la defensa de nuestro patrimonio natural, en un contexto donde lo que se haga con los ecosistemas, las especies y los recursos impacta nuestras vidas y donde las presiones que se decidan sobre el territorio sí nos importan y nos incumben más que nunca.

Perú ha suscrito el acuerdo en septiembre de 2018, y desde agosto de 2019 este se encuentra en el Congreso de la República listo para ser ratificado. Sin embargo, resulta preocupante y alarmante que pese a la trascendencia de su aprobación y puesta en vigor no esté incluido en la agenda de prioridades del parlamento.

[Ver además ► Esperan que la ratificación del Acuerdo de Escazú sea una prioridad del nuevo Congreso]

Perú suscribió el Acuerdo de Escazú el 2018.

La democracia ambiental para que el contexto no nos desenfoque

Hace unos días, el relator especial de la ONU, David Boyd, emitió un comunicado alertando que varios países están usando la pandemia y la urgencia de implementar medidas extraordinarias para relajar sus políticas ambientales y disminuir sus normativas de protección ambiental.

Frente a estas acciones, el relator indicó que estas acciones son “irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables”[5]. Efectivamente, ante la evidencia científica que señala que la fragmentación de la biodiversidad propicia un ambiente que facilita la propagación de patógenos, estas medidas resultan contradictorias y contrarias a las que deben ser tomadas. Es en estos momentos la democracia ambiental juega un papel fundamental para prevenir decisiones encubiertas y mal aprovechar el contexto.

El Acuerdo de Escazú merece ser considerado como una prioridad de cambiar el rumbo de nuestra sociedad, transformar nuestros comportamientos y la forma de relacionarnos con nuestro entorno.

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