Foto: Diego Pérez / SPDA

• Han pasado seis años desde que Perú suscribió este tratado internacional, pero el Congreso de la República aún no lo ratifica. Mientras tanto, nuestro país pierde la oportunidad de participar en las decisiones que están tomando los Estados en la COP3 del Acuerdo de Escazú para fortalecer la democracia ambiental en la región.

Escribe: Carol Mora / Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

Han transcurrido seis años desde que el Perú suscribió el Acuerdo de Escazú y tres años desde su entrada en vigor en abril de 2021. El Acuerdo de Escazú es un tratado sobre derechos humanos y ambiente que regula estándares mínimos sobre participación ciudadana, transparencia y justicia ambiental y un régimen de protección internacional para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es el primer tratado de esta naturaleza e importancia para América Latina y el Caribe; sin embargo, el Perú aún no lo ha ratificado, y por tanto no es parte del acuerdo, y hay muy pocos indicios políticos para que esta realidad cambie pronto. 

El 22 de abril inició la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) en Santiago de Chile, y nuestro país participa, en el mejor de los casos, como observador. Al no ser un Estado parte, Perú no puede intervenir en esta conferencia de manera protagónica, no puede votar y menos aprovechar los resultados de estos espacios con fines de implementación o aplicación del acuerdo. 

No haber ratificado el Acuerdo de Escazú para que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico no solo es consecuencia de la falta de voluntad política del Congreso de la República, que archivó hasta en dos oportunidades el expediente con la propuesta de ratificación, sino también de la falta de impulso de las autoridades del Ejecutivo, especialmente del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en las diversas gestiones debieron haber realizado esfuerzos más sólidos para lograr el consenso en el Pleno del Legislativo. 

Además del evidente mensaje político en torno al rechazo del Acuerdo de Escazú, que no representa otra cosa que una abierta desidia y temor a escalar los estándares de derechos humanos ambientales y potenciar nuestra democracia ambiental -por lo menos a nivel jurídico y de protección internacional-, surge una serie de pérdidas del sentido de oportunidad que representa este tratado internacional para nuestro país. 

Hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su resolución respecto a un caso tan emblemático como el de La Oroya, ya ha resaltado la relevancia del Acuerdo de Escazú para países como el nuestro, donde las relaciones de desconfianza entre ciudadanía, Estado y sector privado están siempre a prueba. En este caso, se ha reconocido sobre todo que una condición fundamental para asegurar que el derecho a un ambiente sano y equilibrado para la vida sea un derecho tutelado y realizable, es necesario estándares suficientes de participación pública directa, rendición y transparencia, y por supuesto justicia ambiental universal y oportuna. 

Perú, al no ser parte del acuerdo, pierde la oportunidad de los espacios de colaboración y cooperación entre Estados que pone a disposición este tratado para el intercambio de buenas prácticas y mejores estándares. Es necesario resaltar que nos encontramos ante un acuerdo que incluso implementará un Centro de Intercambio de Información, y no se trata de un acuerdo de carácter punitivo como erróneamente intentó hacer creer la contracampaña impulsada desde el 2020 hasta la actualidad. El acuerdo busca establecer un orden común para la región, pero al parecer nuestras autoridades no tienen interés al respecto, a pesar de que Perú ha comenzado su tránsito hacia la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), instancia que ha hecho énfasis en que nuestro país debe ratificar este acuerdo conforme a lo indicado en el Estudio de Políticas Públicas de Conducta Empresarial Responsable del 2020. 

Foto: Diego Pérez / SPDA

El acuerdo establece principios que ponen a la persona en el centro y foco de las decisiones, además indica que nuestra legislación no podrá retroceder estándares y que, por el contrario, deberá priorizar la mejora continua. Este último punto puede haber generado preocupación en varios legisladores que se opusieron al tratado porque estos principios representarán una limitación legal incuestionable a los constantes intentos por flexibilizar estándares ambientales a través de iniciativas legislativas, como por ejemplo los proyectos de ley que extienden los plazos de formalización para la minería ilegal, así como los que priorizan carreteras ilegales, o proponen la eliminación de requisitos ambientales para proyectos de inversión de alto impacto e, incluso, promueven actividades riesgosas en áreas naturales protegidas.  

El acuerdo también obliga a los Estados a elevar sus niveles de protección a favor de las personas defensoras ambientales, quienes protegen los territorios de todos los peruanos y peruanas, y que hasta la fecha solo encuentran en el ordenamiento interno un régimen de protección reactivo y no uno preventivo que proteja sus vidas e integridad personal, y finalmente que ponga en valor su labor, y elimine su criminalización y estigmatización en el ámbito social y de la justicia, de manera que las personas defensoras puedan seguir actuando sin restricciones, sin exponerse, libre de amenazas e inseguridad. 

Finalmente, el tratado establece un Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del acuerdo para acompañar a los Estados parte en los esfuerzos de implementación en función de su realidad nacional, la progresión y las prioridades internas, respetando así la soberanía nacional tan cuestionada en el marco de la contracampaña hacia el acuerdo.

En el 2023, el Perú se posicionó en el ranking de Democracy Index de The Economist con un puntaje de 5.81 de un total de 10 puntos, y los ítems de participación pública y cultura política fueron los que obtuvieron los puntajes más bajos. Todo ello extrapolado al ámbito ambiental no deja de evidenciar una situación de indefensión para la ciudadana que corre el riesgo de ser dejada de lado en la toma de decisiones que sí impactan nuestros modos de vida y derechos. 

El Perú no puede darse el lujo de seguir rechazando el Acuerdo de Escazú, sobre todo cuando durante años, desde el 2012, venía asumiendo un rol protagónico y dinamizador de la negociación, con el consenso de autoridades sobre los atributos y beneficios del acuerdo. Aunque la señal política es clara sobre el temor hacia los efectos del tratado, la sociedad civil, academia, sector privado y ciudadanía en general tienen el compromiso social de seguir impulsando la ratificación e implementación de este acuerdo de derechos humanos como un asunto impostergable en la agenda pública.