Foto: Andina

• Gabriel Indalicio y Vladimir Inuma, representantes de la comunidad shipiba de Cantagallo, afirman que el Estado está reaccionando con lentitud para afrontar esta amenaza a las poblaciones más vulnerables de la Amazonía. 

Por Luis Chacón

La comunidad Shipiba de Cantagallo, ubicada en el distrito del Rímac, presentó ante el Juzgado Constitucional de Lima una demanda de amparo contra el Estado por no garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Como se recuerda, hace unos días se registraron tres muertes de los integrantes de la comunidad mencionada, víctimas de este tipo de coronavirus, noticia que llevó a que los ministerios de Salud y Cultura, además de las municipalidades de Lima y el Rímac, tomen acciones que parecen insuficientes.

“En este momento, desde que se ha iniciado la pandemia nos hemos visto obligados a automantenernos con nuestras medicinas alternativas. Hemos sido vulnerados, engañados, durante esos 3 años hasta ahora hemos visto el incumplimiento del Estado. Necesitamos, agua, desagüe, necesidades básicas. Hemos perdido tres hermanos que han fallecido. Estamos aislados, nos sentimos encarcelados. Tenían que morir para que recibir atención de Minsa, Ministerio de Cultura, que están presentes ahora”, manifestó el dirigente en una transmisión en Facebook del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Vladimir Inuma, subjefe de la Asociación Comunidad Shipibo-Conibo Cantagallo, también participó en el video y dio detalles sobre la problemática la situación que viven y que también aqueja a muchos familiares y amigos que viven en Ucayalí y otras zonas de la selva, donde la atención es menor.

“Nuestros pueblos sufren este impacto por no tener un plan nacional y regional. Exigimos un programa del Estado que enfrente a los problemas en los pueblos indígenas, algo diferenciado, que hayan postas médicas, hospitales de campaña. El Estado se ha demorado demasiado en hacer un plan a los pueblos indígenas. Siguen muriéndose en la Amazonía. No solo hay que venir y tomarse las fotos. Espero que con esta demanda haya un mejor trato, que el Estado nos escuche. No solo estamos pidiendo por Cantagallo, sino por toda la Amazonía”, precisó Inuma.

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Foto: Ojo Público

Hay que mencionar que desde el 12 de mayo, la comunidad Shipiba de Cantagallo vive una cuarentena especial con vigilancia de las Fuerzas Armadas y la Policía, esto luego que el Minsa informara que 476 miembros de dicha etnia padecen de COVID-19.

En la transmisión que fue moderada por Tito Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también participaron Mar Pérez, de la misma institución; al igual que Maritza Quispe y Álvaro Másques, integrantes del IDL.

Pérez manifestó que la demanda está dirigida a los ministerios de Economía, Salud y el Viceministerio de Interculturalidad con la consigna de que se implemente un plan que permita garantizar la salud de los pueblos indígenas.

La representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que en muchas zonas se han denunciado abusos de policías por un tema de control territorial, esto debido a que existen empresas que han ordenado el retorno de sus labores a su personal, poniendo en riesgo la salud de los integrantes de ciertas comunidades.

Mar Pérez también mencionó la problemática que viven los agricultores pequeños y que en zonas como Ucayali, no se están tomando en cuenta los protocolos en diferentes rubros, incluyendo el de palma aceitera.

Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal, se refirió al Decreto Legislativo 1489, creado con la finalidad de enfrentar la emergencia sanitaria y que en este no cumple con las garantías para tener una protección de manera eficaz de estos pueblos, sobre todo por la vulnerabilidad de muchos de sus integrantes en cuanto al tema inmunológico.

Álvaro Másques, también del IDL, hizo hincapié en “la ausencia de una política diferenciada para atender la salud de los pueblos indígenas durante este proceso de pandemia” y que “estamos muy retrasados, son muchos los muertos en la Amazonía y pocas las acciones”, al igual que con la desatención a comunidades confinadas en ciudades, como es el caso de Cantagallo.