• El documento recoge el contenido del proyecto que fuera aprobado por la Comisión de Justicia del anterior Congreso en abril de 2021. Se espera que esta nueva iniciativa prospere.

 

El Congreso de la República tendrá una nueva oportunidad para incluir los delitos contra los recursos naturales en la Ley Contra el Crimen Organizado, esto luego que el congresista Edward Málaga presentara el Proyecto de Ley 00196/2021-CR.

El proyecto busca modificar el numeral 15) del artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con el objeto de incorporar en su ámbito de aplicación a los delitos contra los recursos naturales previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 309 del Código Penal.

Esta iniciativa recoge el contenido de Proyecto de Ley 6051/2020-CR del entonces congresista Alberto de Belaúnde y que en abril de 2021 fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso. En esta modificación se incluyen los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna, tráfico ilegal de especies acuáticas de fauna silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre y sus formas agravadas “a efectos de brindar herramientas jurídicas a los operadores de justicia para una mayor eficacia en su investigación, juzgamiento y sanción penal, así como prevenir su comisión como medio protector de recursos naturales, en particular de la biodiversidad y su conservación”.

El proyecto del excongresista De Belaúnde contó con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, el Interior, de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio Público y otras instituciones, tales como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

El documento se refiere a la implicancia del tráfico ilegal de vida silvestre, recordando que entre 2000 y 2018, en Perú se decomisaron más de 80 mil animales silvestres vivos. En esta sección se precisa la peligrosidad de comercializar y mantener este tipo de especies que pueden ser reservorios de enfermedades, los riesgos de lavado de activos en los casos del sector pesquero, entre otros aspectos negativos para la seguridad ciudadana, la economía y para el desarrollo sostenible.

Este proyecto se alinea con la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “que tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de¡ patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional”, así como el Decreto Legislativo 1393, que regula la Interdicción en las Actividades Ilegales en Pesca, al igual que planes Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú período 2017-2027 y su Plan de Acción 2017-2022, entre otros documentos.

Respecto a al análisis de costo y beneficio, en el proyecto también se precisa el fortalecimiento a los operadores de justicia, así como el tema de la valoración de pruebas en el proceso penal (aumentar las penas) y que este recurso es relevante debido por las “graves afectaciones al ambiente, los ecosistemas, la diversidad biológica e, incluso, la estabilidad de la gobernanza”, como indica la opinión legal expresada por la SPDA ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

“La mayor eficacia de la persecución penal permitirá, por un lado, reducir la extendida impunidad con que operan los traficantes de vida silvestre en el país y, en consecuencia, mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones del sistema de justicia penal; y, por otro, disuadir su comisión como medio protector de los recursos naturales”, señala el proyecto.

SOBRE EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES

Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico ilegal de especies genera entre 7 mil y 23 mil millones de dólares al año, ubicándolo como la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo. Dentro de las 80 mil especies decomisadas entre 2000 y 2018, se presume que el 20% estaban destinadas al extranjero.

La mayoría de cantidad de tráfico silvestre se registra en la región Loreto. Entre 2013 y el 2019, se decomisaron 970 animales vivos, correspondientes a 97 especies diferentes, informó la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR-Loreto). Ucayali y Madre de Dios son las otras regiones donde también se registra esta actividad ilícita.

Desde el despacho del congresista @EdMalagaTrillo presentamos el PL 196/2021-CR para incorporar el tráfico ilegal de vida silvestre en los alcances de la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado con el objeto de brindar mayores herramientas a los operadores de justicia. pic.twitter.com/LQtxi7NRG3

— Despacho Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@despacho_emt) September 15, 2021