• Para el defensor ambiental José Manuyama, la deforestación en Tamshiyacu fue un atentado contra campesinos de la zona que perdieron sus tierras, y también contra el Estado. “No solo hay un daño del bosque sino también hay un daño a las instituciones peruanas”, manifestó.

Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe

 

El 25 de julio de 2019 se convirtió en una fecha emblemática para la justicia ambiental peruana y para quienes participan en la defensa del ambiente y la Amazonía. En dicha fecha, la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora Tamshi) fue sentenciada por delitos relacionados a la deforestación en Tamshiyacu. Hoy, defensores ambientales como José Manuyama, piden a los jueces, que tienen en sus manos este caso, dar un mensaje contundente a quienes atentan contra el ambiente.

“Esperamos que, en este caso, acorde con la sentencia del juez de primera instancia, se ratifique la responsabilidad de los imputados. Más ahora que estamos viviendo en un mundo asediado por virus como efecto de la destrucción del ambiente, que hace más necesario el cuidado de los bosques. Así que no se puede seguir alentando malas prácticas ambientales y, más aún, en un caso en el que el propio Estado, a través de distintas instancias, ha certificado que hay delitos ambientales cometidos”, resaltó José Manuyama, defensor ambiental y vocero de la organización Comité de Defensa del Agua, en conversación con Actualidad Ambiental.

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Manuyama ha acompañado este caso desde sus inicios, a mediados del 2013. La organización de la que es parte fue una de las primeras en denunciar lo que ocurría en Tamshiyacu: la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. estaba deforestando bosques primarios, afectando al ambiente y a los campesinos locales.

“Nosotros, como Comité de Defensa del Agua, fuimos parte de las organizaciones que denunciamos la deforestación que se hizo en Tamshiyacu, incluso acompañamos la diligencia fiscal donde pudimos constatar que miles de árboles estaban tirados en el suelo, un contraste total entre el bosque que quedaba y lo que se había deforestado”, recuerda el defensor ambiental loretano.

Para José Manuyama, la deforestación en Tamshiyacu fue un atentado contra campesinos de la zona que perdieron sus tierras, y también contra el Estado. “No solo hay un daño del bosque sino también hay un daño a las instituciones peruanas”, sentencia.

Por ello, el defensor ambiental resalta la importancia y trascendencia de la sentencia dictada por el Poder Judicial en julio del año pasado, porque deja un precedente de justicia ambiental en el país. “La sentencia genera un buen precedente de cómo el Estado está haciendo cumplir sus propias normativas, que es capaz de sancionar, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, los delitos cometidos contra los bosques”, señala.

Asimismo, explica que con una sentencia de este tipo hay un mensaje claro dirigido a todos aquellos que pretendan enriquecerse a costa de la destrucción del bosque. “No hay precedentes de justicia ambiental como en este caso, en el que una transnacional extranjera viene y se instala con todos sus poderes y arrasa con todo lo que puede, y que finalmente es sancionada”, afirma.

“Esperamos que la sala de apelaciones deniegue la medida solicitada por la empresa, porque sería un mal precedente de sanción cuando más se necesita avanzar como país en justicia ambiental. Esperamos que la sala de apelaciones ayude a construir un país diferente, un país respetable, un país que respeta su medio ambiente, que protege a su población a través del cumplimiento de los derechos ambientales”, concluye.

 

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