• A casi un año de la emblemática sentencia, se espera que el Poder Judicial programe las fechas de las instancias finales que reafirmen las sanciones contra Cacao del Perú Norte, ahora conocida como Tamshi.

Por Luis Chacón

 

El 25 de julio de 2019 se convirtió en una fecha histórica para Tamshiyacu y el Perú, luego de que el juez Herbert Benavente Chorres, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, adelantara su fallo contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), por tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento.

La sentencia fijó una reparación civil para el Estado de 15 720 461.27 soles por deforestar 1950 hectáreas del bosque de Loreto, y se condenó a 8 años de pena privativa de la libertad a Rubén Antonio Espinoza, gerente de la empresa y actualmente prófugo; además de penas suspendidas contra Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones, y Giovanni Cubas Ramírez, personal de campo del proyecto.

Tras la lectura extendida del fallo, realizada el 8 de agosto de 2019, y luego de que la empresa presente el pedido de apelación, hasta la fecha se desconoce la programación de la “vista de la causa”, donde Tamshi SAC deberá exponer de forma muy breve las razones por las que está disconforme con la sentencia.

En conversación con Clémence Abbès, oficial de proyecto de Oxfam en Perú, y Jean Pierre Araujo Meloni, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quienes siguieron de cerca el proceso de Tamshiyacu, es de suma urgencia la programación de las nuevas instancias judiciales de un caso que data de finales de 2013.

“Desde Oxfam y la SPDA, estamos pendiente desde el mes de diciembre 2019, para que el Poder Judicial pueda fijar la fecha de apelación. Pero el poder judicial no logró fijar una fecha antes de sus vacaciones de febrero, y el proceso fue suspendido a partir de marzo por la pandemia”, comentó la especialista.

“Ahora que el poder judicial va a retomar sus actividades a partir de este mes de julio, estamos a la espera que se vuelva a fijar pronto una fecha de apelación. Ese proceso se está alargando demasiado, y esto contiene el riesgo de que se pare de priorizar un juicio tan importante, y que los fiscales y jueces reciban presiones que debiliten el proceso, como lo hemos visto antes”, agregó.

Por su parte, Jean Pierre Araujo destaca que “lo preocupante es que solo la investigación y primera instancia tomó de 2014 hasta 2019 y, en esta segunda instancia, donde no hay qué investigar ni revisar o presentar nuevas pruebas, se ha gastado un año sin programar y podrían ir hasta otro año para resolver la segunda instancia”.

“Esto crea inseguridad jurídica del lado de los procesados que han sido condenados, y del Estado que no puede exigir la reparación civil para reparar los daños causados hace casi 6 años”, indicó Araujo.

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Urge nueva fecha en medio de la reactivación

Para Clémence Abbès, encargada del proyecto “Protegiendo la Amazonía” de Oxfam en Perú, la coyuntura actual de reactivación empresarial es el momento preciso para que este tipo de casos tengan una sentencia definitiva que signifique un mensaje ante cualquier intento de vulnerar las normas que protegen el territorio peruano en el marco ambiental y, sobre todo, a la población que se ve afectada.

“¿Por qué es importante que se dé ahora? Porque es el momento de tener sanciones claras contra empresas que pueden atentar contra los derechos a la tierra de comunidades locales y contra el bosque amazónico. […] La coyuntura actual de reactivación económica puede traducirse por una mayor presión hacia los recursos naturales en Amazonía, y esta reactivación se tiene que hacer con protecciones ambientales y territoriales. La activación económica no tiene que fomentar más amenazas contra bosque y los derechos a la tierra de pequeños campesinos y comunidades indígenas”, resaltó.

Para la especialista de Oxfam en Perú, es “importante lanzar una señal hacia actores del sector privado agroindustrial para que sepan que este tipo de infracciones no quedarán sin sanciones, y que se tienen que respetar las leyes para poder realizar una actividad económica agraria o forestal en Amazonía”.

Por su parte, Jean Pierre Araujo, de la SPDA, consideró que, desde el tema jurídico, programar lo antes posible las instancias finales del caso Tamshiyacu sería un claro mensaje del Poder Judicial, sobre todo, en medio del regreso de actividades empresariales y de futuros proyectos en zonas amazónicas.

“En un contexto de reactivación económica creo que es importante que haya muestras del sistema judicial y que este te diga que hay cosas que no pueden flexibilizarse o entenderse de una manera laxa, como es la protección ambiental y la conservación de recursos naturales”, indicó Araujo.

¿Por qué es importante el caso Tamshiyacu?

A casi un año de conocerse la sentencia en primera instancia, es fundamental que el caso de Tamshiyacu no pase desapercibido y se conozca todo lo que involucra en cuanto a la defensa de la Amazonía y las sanciones penales que generó y que son un ejemplo para la constante lucha por proteger el medio ambiente.

“El caso de Tamshiyacu es emblemático en la lucha contra la deforestación en el Perú y la sentencia de primera instancia es histórica porque logró sanciones penales contra los responsables. Es la primera vez que se sanciona de forma tan ejemplar un acto perpetrado por un grupo empresarial como el Grupo Melka, que tenía proyectos de arrasar con hectáreas de la Amazonía peruana para crear plantaciones de gran escala evadiendo las normas nacionales”, precisó Clémence Abbès.

“El Grupo Melka ha violado legislaciones ambientales y ha acaparado tierras de pequeños agricultores y comunidades indígenas. Es un ejemplo claro de lo que no se tiene que hacer en Amazonía. No se puede despojar territorios ancestrales y amenazar defensores ambientales, para desarrollar un negocio”, agregó la especialista.

Para Jean Pierre Araujo, este caso también evidencia los vacíos legales que existen en el marco jurídico peruano para proyectos de gran escala en Amazonía y cómo muchas empresas aprovechan esta situación para sacar ventaja y no respetar el tema ambiental.

En el caso de Cacao del Perú Norte S.A.C., ahora Tamshi, generó una estrategia de expansión e instalación de su proyecto de inversión (instalar monocultivos en la Amazonía), basándose en que adquirió tierra agraria por lo que no debía recurrir a la ley forestal, obviando estudios de impacto ambiental y otras licencias.

Posteriormente, la empresa en mención presentó un documento correctivo sustentando su versión. Sin embargo, desde el 2012 existe una obligación de contar con estudios ambientales en el sector agrario, por lo que el recurso fue rechazado, esto debido a que los trabajos de Cacao del Perú Norte iniciaron en mayo de 2013, es decir, cuando la norma ya se encontraba vigente.

[Ver además ► Deforestación en Loreto: fiscal del caso Tamshiyacu no cuenta con seguridad]

Presiones al fiscal

En marzo de 2020, Actualidad Ambiental conversó con el fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Iquitos, quien estuvo a cargo de la investigación a la empresa Cacao del Perú Norte y que culminó con fallo en primera instancia contra esta.

Caraza Atoche se refirió a los constantes ataques recibidos de parte de la prensa de Loreto, hostigamientos a través de las redes sociales y los plantones que se realizaron en la puerta de Poder Judicial de Iquitos, en los que participaron personas que decían ser del distrito de Fernando Lores, donde se ubica Tamshiyacu, aunque también se sospecha que estas tendrían relación con la empresa Tamshi.

“En marzo de este año, hubo manifestaciones y presiones contra el fiscal responsable del caso. Podemos suponer que la empresa está movilizando apoyos para que caigan las sanciones contra ella”, comentó Clémence Abbès.

Jean Pierre Araujo de la SPDA considera que este tipo de ataques van más allá del caso de Tamshiyacu, pues el fiscal Caraza tiene otros casos pendientes y que involucran al mismo grupo, aunque podrían ser más perjudiciales, pues son denuncias por tala ilegal.

“El fiscal Caraza sí recibió campaña de amedrentamiento a principios de año, no solo por este caso, sino porque él tiene otros casos vinculados a Tamshi y que, a diferencia de este, sí se está investigando por el delito de tala ilegal”, explicó Araujo.

Un dato no menos importante es que en estas investigaciones pendientes estarían involucrados funcionarios que formaron parte de Cacao del Perú en Loreto, incluyendo a Dennis Melka, cabeza del grupo que reúne diversas denuncias tanto en la zona en mención como en Ucayali.

Sentenciado sin rastro

Respecto a la situación del prófugo exgerente Rubén Antonio Espinoza, condenado a 8 años de prisión efectiva en primera instancia, Clémence Abbès consideró que este podría haber fugado del país tras una mala gestión respecto a su captura.

Finalmente, Jean Pierre Araujo confirmó que hasta el momento “no hay información de su paradero”, aunque recuerdó que antes de la lectura de sentencia en primera instancia sí se presentó su abogado y dio declaraciones durante el juicio oral (tenía domicilio y también participó por videoconferencia), aunque “el día de la lectura no estuvo presente y desde esa época no ha sido ubicado”.