A través de un oficio (ver documento), la Defensoría del Pueblo pidió al presidente del Congreso, Víctor Isla, evaluar el proyecto de ley 1035 –que promueve la interconexión entre las ciudades de Purús (Ucayali) y Tahuamanu (Madre de Dios)– debido a que es “incompatible con nuestro marco constitucional y legal vigente”.
La iniciativa parlamentaria, propuesta por el congresista Carlos Tubino (Alianza Fujimorista) busca declarar de necesidad pública la interconexión terrestre entre dos provincias, pese a que ello atentaría contra áreas naturales protegidas y poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial de la zona.
“Nuestra institución ha sido muy clara en señalar que el ordenamiento jurídico interno establece un régimen de intangibilidad para las áreas naturales protegidas que impide el fomentar actividades –incluso al Estado– que puedan generar riesgos al ambiente y causar daños a la integridad ecológica de estas zonas”, señaló el organismo.
“Es sabido que al interior del Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial de Madre de Dios habitan los pueblos en aislamiento Mascho, Mascho Piro y Curanjeños, para quienes el territorio resulta de vital importancia pues lo utilizan en actividades de caza y recolección que les asegura su alimentación y existencia”, mencionó Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría.
Si bien el organismo comparte la preocupación de un sector de la provincia de Puerto Esperanza para que se garantice la conectividad con el resto del país, señala que la propuesta de Carlos Tubino va contra la Ley de Áreas Naturales Protegidas y de su reglamento y que «toda conectividad tendrá que llevarse a cabo siempre que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, los que se encuentran en aislamiento o en contacto inicial».
“La medida pondría en riesgo los objetivos de la protección del área, con lo cual no se garantiza el deber del Estado de ‘promover la conservación de la biodiversidad biológica y de las áreas naturales protegidas’”, indicó la Defensoría.
Cabe recordar que el año pasado, los ministerios de Cultura, Transportes y del Ambiente se han opuesto a este proyecto de ley. Lo mismo hicieron diversas organizaciones civiles y organizaciones indígenas.
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