Foto: Thomas Müller / SPDA

En el marco de los 10 años del “Baguazo”, conflicto social ocurrido en la provincia de Bagua (Amazonas) donde murieron indígenas y policías, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde pide al Ejecutivo implementar la consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión que se ejecutan en el territorio nacional.

Según el organismo, hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa pero ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas.

“Es necesario que el Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos”, afirmó.

La Defensoría también saludó los avances logrados mediante las consultas previas realizadas sobre áreas naturales protegidas o la elaboración de políticas públicas o planes nacionales; sin embargo, señaló que existen diversos procesos de consulta que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y nuestra ley vigente.

“El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo. Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas”, indicó, Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, sostuvo que hace falta que el Ministerio de Cultura derogue una directiva que no se sujeta al marco legal y avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios públicos. “También, debe implementar el registro de facilitadores del dialogo intercultural, y promover mayor participación de las mujeres indígenas en estos procesos”, remarcó.

Hasta el momento, de los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado. En ese sentido, la Defensoría que se mejore la calidad de los procesos de diálogo para lograr cada vez mejores acuerdos. Asimismo, el cumplimiento oportuno de los acuerdos logrados en los procesos de consulta también es otra tarea pendiente.

“Al respecto, la Política Sectorial de Salud Intercultural y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, contienen metas consensuadas con los pueblos indígenas que merecen una atención prioritaria. Por ello, la Defensoría expresa su preocupación ya que la Comisión Multisectorial creada para el seguimiento de los acuerdos no sesiona desde el año 2017”, agregó la institución.

Finalmente, la Defensoría cuestionó que el Congreso de la República no haya adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. El Pleno del Congreso tiene pendiente esta tarea desde el año 1995.

“Como se recuerda, la Defensoría presentó hace diez años un proyecto de ley de consulta previa, que sirvió de base para la determinación del contenido de la Ley 29785 y su reglamento vigente. Asimismo, en defensa de este derecho, ha promovido dos procesos constitucionales y emitido más de 50 recomendaciones a las entidades del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, puntualizó.