Foto: Diego Pérez / SPDA

• Un informe de Imarpe señala que no se cuentan con evidencias suficientes para determinar que las aguas contaminadas están libres de hidrocarburos.

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Producción (Produce) disponer medidas restrictivas para el desarrollo de la pesca artesanal en la zona del litoral costero aún afectada por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 15 de enero de 2022, en el mar de Ventanilla (Callao).

Como se recuerda, el derrame de unos 12 mil barriles de petróleo afectó dos áreas protegidas, especies de fauna silvestre, así como la economía de miles de pescadores y comerciantes que aún solicitan la debida compensación a la empresa Repsol.

En el caso del pedido de restricción de la pesca, la Defensoría indicó que hace esta recomendación después de conocer los últimos estudios realizados por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), los cuales motivaron que el Produce informara que no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame del crudo de petróleo esté libre de presencia de dicho hidrocarburo y que, por consiguiente, no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionado con la pesca artesanal.

En el informe técnico “Evaluación biológica ambiental en la zona marino costera afectada por el derrame de crudo de petróleo entre Ventanilla, Chancay y Punta Salinas – Lima del 12 al 26 de junio 2023”, publicado recientemente por el Imarpe, se señala que podrían considerarse medidas restrictivas respecto a las actividades de extracción pesquera en la zona afectada. Dicha posición se suma a otro informe formulado previamente por dicha entidad en el mismo sentido a inicios de año, y que fuera puesto en conocimiento de Produce.

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Foto: OEFA

“Ante los estudios del Imarpe que evidencian la presencia de hidrocarburos en zonas afectadas por derrame de petróleo, que podrían impactar negativamente en los peces que consume la población, se origina una situación de riesgo de inseguridad alimentaria que podría afectar la salud, además del equilibrio de los ecosistemas. En ese sentido, es impostergable que el Estado, a través del Produce, disponga las medidas restrictivas necesarias hasta la obtención de resultados favorables en los monitoreos”, señaló Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Cabe destacar que, la semana pasada, en reunión de representantes del Produce, Imarpe y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), se solicitó que la primera institución mencionada sea la que determine el tipo de medida, el ámbito de la zona de restricción y el tiempo de duración de la misma.

En dicha reunión, se resaltó además la importancia de continuar con las evaluaciones y monitoreos sobre la situación del ecosistema y de los recursos hidrobiológicos. Asimismo, se solicitó al Produce atender los resultados obtenidos por sus organismos técnicos adscritos y adoptar oportunamente decisiones que permitan proteger los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano y equilibrado.