Foto: La República
- Organismo publicó un informe sobre la salud de los pueblos indígenas afectados por contaminación de hidrocarburos, que habitan alrededor de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en Loreto.
Mediante un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo exigió al Estado adoptar medidas urgentes para atender a los afectados por los constantes derrames de petróleo en la Amazonía de Loreto.
Clic en la imagen para descargar el informe.
Según el organismo, el Estado debe garantizar la salud de los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, “quienes se encuentran en una situación de riesgo por exposición a metales pesados, agravada por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental”.
La Defensoría cita el informe “Salud de los pueblos indígenas amazónicos y explotación petrolera en los lotes 192 y 8: ¿Se cumplen los acuerdos en el Perú?”, donde se advierte que “a más de tres años de suscritos acuerdos entre el Estado y organizaciones indígenas para atender los problemas de salud ocasionados por la explotación de hidrocarburos, no se ha podido garantizar su implementación en todos sus términos, lo que continúa vulnerando, entre otros derechos, el derecho a la salud de esta población”.
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En el documento, se advierte que, hasta la fecha, “no se ha elaborado un plan de atención de salud específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas” en las mencionadas cuencas, pese a que -según los resultados del estudio toxicológico y epidemiológico elaborado por CENSOPAS- “alrededor del 30% de la población muestreada tiene presencia de arsénico y mercurio por encima de los niveles permitidos, así como de bario, plomo y cadmio en aproximadamente el 10% de la misma. Asimismo, se identificó que el 10% de la población del río Corrientes se encuentra expuesta a hidrocarburos”.
De igual modo, evidencia demoras en la instalación de canales de participación ciudadana que dificultan el trabajo de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados por las organizaciones indígenas y sus representantes sobre la implementación de los acuerdos. Esto limita sus derechos a la información y participación, así como su capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre los servicios que reciben, advertir posibles irregularidades y contribuir en la toma de medidas correctivas de forma oportuna.
“Los hallazgos evidencian serias deficiencias y retrasos para cautelar el derecho a la salud de los ciudadanos que habitan en la zona, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió a la Contraloría General de la República supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto asignado a la implementación de los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas del ámbito de influencia de los lotes 192 y 8, con el fin de proteger sus derechos, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y, de corresponder, adoptar los correctivos pertinentes”, resaltó el organismo.
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