Foto: La República

En su último reporte correspondiente al mes de setiembre, la Defensoría del Pueblo registró 214 conflictos sociales (150 activos y 64 latentes), de los cuales 143 son de carácter socioambiental (68%).

Respecto al mes anterior, se incorporaron cuatro casos nuevos, se resolvieron dos, un caso salió del registro –debido a su inactividad prolongada– y cuatro casos pasaron de estado latente a activo.

Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Áncash (20) y Puno (19). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (63.6% de los casos socioambientales).

En cuanto a los casos nuevos, el primero se registró en Madre de Dios, donde los pobladores de las comunidades de Boca Manu, Diamante, Isla de los Valles y otras, exigen la ejecución de la obra “Rehabilitación camino vecinal Nuevo Edén–Shipiteari”. Sin embargo, el Sernanp considera que dicha obra no cumple con los requisitos legales para su ejecución. Por su parte, FENAMAD y COHARYIMA señalaron que dicha obra pondría en riesgo a los pueblos indígenas no contactados y en contacto inicial que transitan por la zona.

El segundo caso se produjo en Loreto, donde la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes demandan a Pluspetrol Norte, una compensación por el uso de tierras en la operación del lote 8. En el tercer caso, también de Loreto, las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP y OPIKAFPE (Perú y Ecuador) demandan al Estado atender los temas que consideran pendientes, luego del proceso de consulta previa del lote 192.

El cuarto caso se registró entre las regiones Amazonas, La Libertad y Cajamarca. Los pobladores de los distritos de Ucuncha (provincia de Bolívar, La Libertad), José Sabogal y Sitacocha (provincias de San Marcos y Cajabamba, región Cajamarca), los consejeros regionales de Cajamarca y otras organizaciones sociales, se oponen a la ejecución del proyecto hidroeléctrico Río Grande, de la empresa Odebrecht Energía del Perú S.A. debido a que afectaría zonas agrícolas, comunidades nativas y por haberse presentado irregularidades en los talleres y audiencias públicas.

OCHO CASOS ACTIVOS

La Defensoría del Pueblo también solicitó a las autoridades poner atención a ocho casos activos que pueden devenir en situaciones de riesgo. Se trata de los casos de Las Bambas e Iscahuacha-Ares en Apurímac; plomo en la sangre en Cajamarca; Tumán en Lambayeque; el caso de minería informal en Madre de Dios; Huachón-Statkraft en Pasco; y los casos de Suches (minería informal) y Coata-Seda Juliaca en Puno.

Asimismo, puso en alerta sobre veintiséis situaciones que pueden devenir en nuevos conflictos en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Puno y Tacna (mayor información en el reporte mensual, sección VII).

En relación a la violencia en los conflictos, informó que entre el 1 y el 30 de septiembre se registraron treinta y un heridos y tres muertos. “La Defensoría del Pueblo lamenta estos sucesos y exhorta a todos los actores involucrados en conflictos sociales a continuar la vía del diálogo como una forma de gestionar sus casos”, indicó el organismo.