La Defensoría del Pueblo registró 227 conflictos sociales, de los cuales 142 se encuentran activos y 85 se mantienen en estado latente, informó la Defensoría del Pueblo. De estos conflictos, según el organismo, 117 son de carácter socioambiental.

En su Reporte de Conflictos Sociales Nº 87, correspondiente al mes de mayo, la Defensoría señala que se han reactivado dos conflictos sociales, un caso socioambiental y un conflicto por asuntos de Gobierno Local, que se hallan localizados en Cajamarca y Junín, respectivamente.

Cabe destacar que durante mayo, 92 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 64% del número de casos activos), entre los que figura el caso socioambiental localizado en los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa (Áncash), donde el 30 de abril se instaló el equipo técnico para la elaboración del estudio de la laguna de Conococha como cabecera de cuencas.

Respecto a las protestas de Puno contra las concesiones mineras, la Defensoría señaló que exhortó “a las autoridades competentes y a la población en actitud de protesta a agotar los mecanismos de diálogo para solucionar estos problemas dentro del marco legal establecido”.

Asimismo, la Defensoría aseguró que “mantendrá atenta al resultado de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, a fin de que se esclarezcan los hechos producidos en Puno durante el mes de mayo, y se determinen las responsabilidades de ley”.

Respecto al nuevo Gobierno, el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que puede abrir “una oportunidad para tomar medidas de carácter estructural que tienen que ver con una atrasada reforma del Estado (…) el cambio de las instituciones, para que estas sean mucho más receptivas, dialogantes y que puedan estar mucho más presentes en las zonas donde hay altos niveles de pobreza”.

“Hay que organizar buenos procesos de diálogo, planificarlos con la debida anticipación, convocar a las partes que tengan suficiente representatividad para negociar, hacer unas agendas de negociación, teniendo en consideración aspectos jurídicos y técnicos”, agregó.