Foto: SPDA

A través de la publicación de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó al Estado peruano la suscripción al Acuerdo Regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe (Acuerdo de Escazú).

La Defensoría señala la importancia de elevar los estándares socioambientales y mejorar el acceso a la información ambiental en favor de sociedad civil, especialmente de las poblaciones vulnerables que pueden ser afectados por los proyectos extractivos.

Asimismo, señala que aún existen desafíos pendientes para lograr una implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, ya que hasta mayo del 2018, se reportó que los conflictos socioambientales representan el 64.6% del total de conflictos sociales en el país.

Pedimos al Estado peruano suscribirse al Acuerdo Regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Con ello se busca proteger el desarrollo sostenible y el derecho a vivir en un #AmbienteSano pic.twitter.com/hyhNVepzgz

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 27 de junio de 2018

DATO:

• El 4 de marzo de este año se aprobó en Costa Rica el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, brindando a los ciudadanos herramientas para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.
• Este compromiso fue suscrito por los representantes de Ministerios del Ambiente, Relaciones Exteriores y de la sociedad civil de 24 países de América Latina y el Caribe, incluido Perú, tras 6 años y 9 rondas de negociaciones, desarrollando disposiciones para la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río para el desarrollo sostenible, suscrito en 1992.