La Defensoría del Pueblo, luego de una supervisión efectuada a la gestión del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), concluyó que las Reservas Territoriales, habitados por pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial, no están siendo protegidas de manera efectiva.

Según Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, “la falta de capacidad técnica, presupuestal y logística del Indepa, así como los continuos cambios y procesos de reorganización, han debilitado dicha institución y están influyendo en forma deficiente en la implementación de los mecanismos de protección”.

Lanegra agregó además que durante los últimos tres años, la Comisión Multisectorial para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Poder Ejecutivo no ha cumplido con adecuar las reservas territoriales Isconahua, Murunahua, Mashco Piro de Madre de Dios, Mashco Piro de Ucayali y Kugapakori, Nahua, Nanti u otros, en la categoría de reserva indígena.

Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, indicó que “durante los últimos cinco años, el Poder Ejecutivo no ha logrado establecer medidas normativas y administrativas que busquen evitar los impactos negativos de las actividades extractivas en la vida, integridad y territorio de los pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento y en contacto inicial”.

Del mismo modo, resaltó la importancia de que las autoridades gubernamentales establezcan reglas estrictas a los actores estatales y privados que requieren ingresar a las áreas reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento.

Según la funcionaria, “no es posible que se desarrollen proyectos de inversión al interior de las reservas territoriales sin haber agotado la evaluación de sus impactos mediante una opinión técnica vinculante del Ministerio de Cultura subrayó la funcionaria”.

Asimismo, recomendó que cualquier norma o decisión administrativa que se prevea adoptar en el Ministerio de Cultura y que pudiese afectar a los pueblos indígenas, cumpla con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La transparencia y los mecanismos de participación y consulta son fundamentales para asegurar la prioridad del interés general y la protección de los derechos fundamentales.

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Foto: Survival