En su último Reporte de Conflictos, la Defensoría del Pueblo registró 139 conflictos socioambientales en todo el Perú, los que significan el 70% del total. La mayoría de estas disputas se deben a temas de minería (93). Le siguen los conflictos referidos a hidrocarburos (22), conflictos energéticos (9), residuos y saneamiento (5), entre otros.

En total, la Defensoría identificó en su informe 208 conflictos sociales (el número más bajo desde octubre del año pasado), de los cuales 149 están en estado activo y 59 latentes. Respecto al mes anterior, se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron dos, tres casos salieron del registro debido a su inactividad prolongada y seis casos pasaron de estado activo a latente.

Durante el mes de abril se reportó una gran cantidad de heridos (189) y dos muertos. La mayoría están relacionados al conflicto en la provincia arequipeña de Islay, donde parte de la población se opone al proyecto minero Tía María. En este caso, la Defensoría indica que no existe diálogo entre los actores del problema.

Sobre los hechos violentos de Islay, la Defensoría «invoca nuevamente a todos los involucrados en los conflictos a canalizar sus demandas y posiciones por la vía del diálogo, bajo el respeto de las leyes y de los derechos humanos».

La principal competencia de estos conflictos sociales recae en el Gobierno Central (128 casos), mientras que 44 atañen a los gobiernos regionales, 22 a los gobiernos locales, 6 al Poder Judicial, 5 al organismos constitucionales autónomos y 3 al Poder Legislativo.

El Reporte de Conflictos Sociales es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.