A través de una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo calificó de «temerario» el editorial del diario El Comercio titulado «Los otros autores del Baguazo» publicado el pasado miércoles 11.
Para el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna: «Es temerario que un editorial haga una imputación tan grave y que deslice la idea de que una opinión institucional aliente o justifique la violencia».
Asimismo, Vega destacó que el conflicto de Bagua fue alertado a las autoridades 15 meses antes de los lamentables hechos en su reporte mensual de conflictos sociales y manifestó que durante ese tiempo, la Defensoría realizó una labor de supervisión, de acompañamiento y facilitación del diálogo y de acciones humanitarias.
En su editorial, El Comercio indicó que la Defensoría del Pueblo fue una de las instituciones responsables de manera indirecta en la matanza del «Baguazo» por haber sembrado «insidiosas mentiras» que desembocaron en la tragedia del 5 de junio del 2009.
En la opinión central de El Comercio se lee: «La Defensoría del Pueblo, por lo demás argumentó falazmente sosteniendo que el (Decreto Legislativo) 1090, excluía de la condición de recursos forestales a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor fuese forestal».
Como se recuerda, el ‘Baguazo’ tuvo como saldo la muerte de 33 personas, entre indígenas Awajún y policías, decenas de heridos y la desaparición del mayor Felipe Bazán.
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Ciertamente irresponsable y detestable la imputación que realiza el Diario “El Comercio” en su editorial del pasado miércoles 11 de junio respecto de la presunta “serie de mentiras alevosamente sembradas” por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizada, entre ellas la Defensoría del Pueblo.
Lo que sí resulta desconcertante y ciertamente preocupante es que la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Beatriz Merino Lucero, ni en el texto de su Informe de Adjuntía N.º 006–2009–DP/ADHPD (titulado “Actuaciones humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en las provincias de Utcubamba y Bagua, región amazonas, en el contexto del paro amazónico”), ni en el discurso que diera la entonces «Defensora del Pueblo» el día 19 de enero de 2010 ante la Comisión del Congreso que investigaba los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba, dejara expresa constancia de los diversos casos de “ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo, excesivo, arbitrario o negligente” de funciones por parte de las instituciones públicas involucradas en dicho complejo y grave contexto, tales como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.
Ello en atención de la facultad expresa contenida en el artículo 9 de la Ley N.° 29882, “Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, según el cual el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, está facultado para “Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente, de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”.
Si bien son muy meritorias las sacrificadas acciones de ayuda humanitaria desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en dicho contexto, considero que resulta muy cuestionable el hecho que dicho organismo constitucional autónomo no haya dejado constancia explícita de tales ejercicios negligentes, irregulares y/o arbitrarios de funciones, toda vez que ellos afectaron ostensible e irremediablemente la vigencia de derechos humanos fundamentales.