Foto: OEFA

* Defensoría hace referencia al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenaría al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) devolver 120 millones de soles que cobró a Perubar por concepto de aporte por regulación.

La fiscalización ambiental constituye uno de los principales pilares para la protección efectiva del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las personas, señaló la Defensoría del Pueblo en un reciente comunicado donde expresa su preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declararía la ilegalidad del cobro del aporte por regulación, uno de los principales ingresos anuales del OEFA.

“La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación ante el grave impacto que tendría el próximo pronunciamiento del TC acerca de la constitucionalidad del ‘aporte por regulación’ que brindan las empresas mineras al OEFA, a raíz del proceso de amparo iniciado por la empresa minera Perubar S.A.”, indica el comunicado.

[Ver además-> OEFA y la eliminación del APR: Otro intento para debilitar la fiscalización ambiental]

Para la Defensoría, “entidades como el OEFA requieren ser fortalecidas con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que permitan una eficiente ejecución de las labores de fiscalización ambiental que realizan. Precisamente, las funciones de fiscalización de dicho organismo son financiadas por el aporte por regulación”.

En ese sentido, la ´Defensoría solicitó al TC “tomar en consideración estos criterios y, en consecuencia, modular los efectos de su sentencia disponiendo una vacatio sententiae, tal como ha hecho en anteriores ocasiones con el objeto de evitar que se afecten bienes de indudable relevancia”.

En caso de que el TC considere inconstitucional el aporte por regulación, la Defensoría “considera que debería diferir los efectos de la sentencia hasta que se cuente con una partida presupuestal que asegure la continuidad de la fiscalización ambiental”.

Finalmente, la Defensoría hizo “un llamado a la responsabilidad, evitando debilitar la fiscalización ambiental en nuestro país, y asegurar con ello que los derechos de las empresas no pongan en riesgo el derecho de la población a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”.