• Organismo pidió aceleración de investigaciones y sanciones para los responsables de amenazas, ataques y asesinatos vinculados a la minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras y tala ilegal.

Luego del asesinato de un defensor ambiental en Madre de Dios y tres ciudadanos indígenas en Ucayali y Huánuco, la Defensoría del Pueblo expresó sus sentidas condolencias a los familiares y reiteró la urgencia de implementar medidas para enfrentar las actividades ilegales en zonas como la Amazonía. Asimismo, pidió celeridad para las investigaciones sobre los recientes crímenes y sanción ejemplar para los responsables.

Como se recuerda, el pasado 20 de marzo fue asesinado el defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco del centro poblado Nueva Arequipa (Madre de Dios); dos días después fueron asesinados los ciudadanos indígenas Jesús Berti Antaihua Quispe y Nusat Parisada Benavides de la Cruz, de la Comunidad Nativa Cleyton (Ucayali), y Gemerson Pizango Narvaes, de la Comunidad Nativa de Santa Teresa (Huánuco). Según las primeras investigaciones, estos peruanos habrían sido asesinados como resultado de la inseguridad asociada a la minería ilegal y narcotráfico en dichas regiones.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento donde hizo diversos pedidos al Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, y los gobiernos regionales y los ministerios involucrados en la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente.

En el caso del Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso, la Defensoría pidió que se intensifiquen “las acciones destinadas a prevenir y erradicar actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y delitos conexos que vulneran derechos humanos, afectan el ambiente y los recursos naturales”.

“Urge que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y organismos adscritos; el Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas en materia ambiental, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas; y los gobiernos regionales, fortalezcan un trabajo articulado e integral, y con acciones de inteligencia, a través de una estrategia dirigida a erradicar las organizaciones criminales detrás de estas actividades ilícitas y delitos conexos, que vulneran derechos humanos, en especial de las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señala el pronunciamiento.

La Defensoría también pidió al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo “abstenerse de continuar aprobando e impulsando medidas que debilitan la lucha contra la minería ilegal, como la aprobación de la Ley 31388, que dispone una nueva ampliación del proceso de formalización minera -iniciado hace casi dos décadas-, desnaturalizándolo, sin garantizar el cumplimiento del marco jurídico y dificultando la persecución del delito de minería ilegal, favoreciendo esta actividad ilícita”.

Juan Fernández fue asesinado el pasado 20 de marzo en Madre de Dios.

Asimismo, pidió al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego incrementar, fortalecer y ejecutar de manera adecuada “medidas destinadas a cerrar las brechas de reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, cuyos procedimientos son efectuados por los gobiernos regionales, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de las tierras de las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas”.

En el caso particular de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría recomendó con prontitud que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas impulse la implementación del Plan Nacional contra las Drogas al 2030, así como la erradicación de los cultivos ilícitos de droga; con énfasis en las regiones amazónicas.

Además, agregó que la PCM debe disponer “que la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los Delitos Ambientales y la ‘Comisión encargada de proponer estrategias o mecanismos de trabajo que faciliten el acceso a la justicia de las defensoras y los defensores de derechos humanos’ realicen un trabajo articulado con otros espacios de coordinación multisectorial creados para abordar en forma específica los delitos ambientales, como la minería ilegal, la tala ilegal y delitos conexos; fortaleciendo su trabajo y dotándoles de las herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

El organismo también recordó que el Estado “tiene el deber de garantizar la seguridad y vida de la población afectada por la minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras y tala ilegal, y que tiene obligaciones internacionales de respetar los derechos de las personas defensoras, de prevenir y proteger los riesgos que estos afrontan, y de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos contra ellos, advirtiendo que su incumplimiento puede generar eventualmente una responsabilidad internacional”.

Por ello, en el pronunciamiento demanda al Ministerio Público y al Poder Judicial “disponer investigaciones céleres y con pertinencia cultural, así como establecer sanciones ejemplares, respectivamente, para quienes resulten responsables de los asesinatos, y otros delitos en agravio de la población aledaña y personas defensoras del ambiente y de derechos de los pueblos indígenas, vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y delitos conexos”.

En ese sentido, reiteró “la importancia y urgencia de que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, que permitirá fortalecer las acciones dirigidas a proteger a las/os defensoras/es ambientales, garantizar el acceso a la justicia ambiental y los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental. Por ello, exigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República impulsar las acciones destinadas a lograr su aprobación legislativa”.

En cuanto a la protección de los defensores del ambiente y derechos de los pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo señala que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga que los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Cultura, Justicia y Derechos Humanos e Interior fortalezcan los mecanismos de protección para estos peruanos con el fin de asegurar una efectiva protección para este grupo. Para ello se deben adoptar, entre otras acciones, coordinaciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.