Edwin Chota fue asesinado por presuntos taladores ilegales en Ucayali en el 2014. Según Aidesep, este caso aún no ha sido resuelto.

A fines de abril de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, una herramienta que contribuye a generar un ambiente adecuado para el desempeño de las actividades de promoción, protección y defensa de estos ciudadanos en el país.

Pese al saludo de diversas organizaciones respecto a esta medida del MINJUSDH, incluido el pronunciamiento de Birgit Gerstenberg, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no todos celebraron este avance.

Los legisladores Juan Carlos Gonzales, Julio Rozas y Pedro Olaechea se mostraron en contra de este protocolo. Olaechea, por ejemplo, afirmó que con esta medida se estaría beneficiando a “grupos privados”, por lo cual solicitó la presencia del minsitro Vicente Zevallos ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a diversas interrogantes respecto a este documento.

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Víctor Zambrano es reconocido por su defender la Amazonía frente a los mineros ilegales en Madre de Dios. Foto: Dan Collyns.

Respecto a estas reacciones, Víctor Zambrano, un activo defensor ambiental de Madre de Dios y premiado internacionalmente por sus labores de defensa del bosque y la biodiversidad de la Amazonía, manifestó que algunos “representantes nacionales tienen un concepto totalmente distinto de lo que es la verdadera problemática de lo que padecemos y sufrimos”.

Zambrano es actualmente presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, un grupo de personas que trabajan por la protección de la reserva y su zona de amortiguamiento. Actualmente, al menos diez de sus miembros, entre ellos Víctor Zambrano, han recibido amenazas contra sus vidas y las de sus familias.

En conversación con Actualidad Ambiental, Zambrano calificó como un avance la emisión de este protocolo del MINJUSDH y, asimismo, reclamó atención por parte del Estado respecto a la defensa de dichos defensores y pidió celeridad en los procesos judiciales.

“En Madre de Dios tenemos cientos de denuncias por delitos ambientales y todas están en proceso de solución, no hay celeridad en resolverlos y mientras tanto la gente que actúa de manera ilícita hace lo que le da la gana porque saben que si la justicia llega, llega pero tarde, cuando ya todo está dañado, cuando ya todo está definitivamente mal”, afirmó el defensor ambiental.

Por su parte, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), señaló que “a veces los congresistas no conocen la realidad y actúan recién cuando pasa algo, como en el caso de Saweto, que hasta hoy no encuentra justicia. Todos los días hay amenazas que sufren las comunidades indígenas por madereros y mineros ilegales o los que siembran coca ilegal”.

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Lizardo Cauper. Foto: Aidesep

Sobre el protocolo

Según el MINJUSDH, el documento fue aprobado mediante Resolución Ministerial 059-2019-JUS, según lo estipulado en la Declaración de los defensores de derechos humanos, aprobada en 1998 a través de la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas, y demás pronunciamientos de los órganos de los tratados de la Organización de Naciones Unidas que prescriben la necesidad de proporcionarles apoyo y protección.

En dicha herramienta, se exponen algunos deberes concretos de los Estados, tales como garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de las personas defensoras frente a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor, así como proporcionar recursos eficaces de resguardo ante denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

“El Protocolo es resultado de un amplio proceso de diálogo transparente entre los actores involucrados, tanto del gobierno, sociedad civil organizada y gremios empresariales. Desde el inicio del proceso, el MINJUSDH promovió la instalación de una mesa de trabajo para la discusión del diseño del instrumento, que contó con la participación de representantes de los principales colectivos de defensa de derechos humanos del país y de diversos sectores del Estado como los ministerios de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ambiente, del Interior, entre otros”, puntualizó el ministerio.