• Los constantes operativos de la Fiscalía han demostrado que las medidas contra el COVID-19 no han sido un impedimento para actividades como la minería ilegal. Sin embargo sí ha limitado la actividad de los defensores de la Amazonía que habitan cerca a la Reserva Nacional Tambopata, quienes -al igual de miles de peruanos- han sufrido por el impacto económico y la escasez de alimentos.   

 

Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

 

Frente al inminente avance de la pandemia del COVID-19 en el país, el Estado ha emprendido diversas acciones para enfrentarla. Entre ellas, el cierre de fronteras y medidas de aislamiento social. Sin embargo, las medidas han afectado directamente la labor de los defensores de derechos humanos que resguardan la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB), especialmente en el tema económico. A este escenario se suma la continuidad de las actividades ilegales en distintos sectores del eje carretero. Por su lado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) continúa trabajando en salvaguardar el control y vigilancia en las áreas naturales protegidas e inició gestiones para brindar apoyo a este grupo ciudadano que lucha por la defensa de nuestros bosques. 

Actualidad Ambiental conversó con integrantes del Comité de Gestión de la RNTAMB y con comuneros de los sectores de Alto Libertad, Primavera Alta y Santa Rita Baja, quienes expresaron su lucha por continuar con el control y vigilancia de los bosques de la Amazonía peruana en medio del aislamiento social.

“La minería ilegal no ha parado”

El 20 de marzo, cuatro días después de darse inicio al aislamiento social, a la altura del kilómetro 110 de la carretera Interoceánica (Madre de Dios) hubo una balacera entre las Fuerzas Armadas y un grupo de mineros en la zona de La Pampa, provocando la muerte de una persona identificada como Michel Ávalos Aguilar. Horas después, y en respuesta a su muerte, las personas aledañas quemaron un automóvil del Ministerio Público. Para el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, desde esa fecha no hay intervenciones en esa zona. 

De acuerdo a información de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios (FEMA-MDD) desde el inicio de la cuarentena hasta el 4 de mayo se han realizado 52 operativos contra la minería ilegal, es decir, una interdicción por día. A pesar de ello, Zambrano indicó que sus acciones no atacan el problema directamente. “La parte medular, céntrica, de La Pampa está intocable, siguen trabajando normalmente (los mineros ilegales)”, mencionó a Actualidad Ambiental. Detalló que el sector que va desde el kilómetro 98 hasta el 120, incluido el Centro Poblado de Santa Rita Baja en el kilómetro 129 sigue con la minería ilegal de forma regular. 

En el sector de Santa Rita Baja, centro poblado ubicado a la altura del kilómetro 129 de la carretera Interoceánica, algunos agricultores no están saliendo de sus predios, debido a la pandemia. Mientras tanto las invasiones, según comentaron, continúan. De acuerdo a declaraciones de integrantes de la comunidad, estas invasiones se vienen realizando en la zona de amortiguamiento y, en parte, se debe a que el tránsito en la carretera ha disminuido, escenario que aprovechan para realizar sus actividades ilegales. 

Pese a la continuidad de actividades mineras en diversos sectores, el director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Sernanp, José Carlos Nieto, aseguró que estas no han llegado a las áreas naturales protegidas, debido a que la seguridad y vigilancia en estas zonas sigue siendo una prioridad. En conversación con Actualidad Ambiental, Nieto precisó que actualmente existen más de 400 guardaparques laborando y cumpliendo acciones disuasivas a nivel nacional.

“Gracias al personal de campo se puede asegurar que el buen estado de conservación de las ANP se mantiene. Entendemos que hay sitios que tienen mayor prioridad respecto al cuidado, como es el caso de la Reserva Nacional Tambopata. Actualmente hay en total 35 guardaparques que siguen haciendo patrullajes disuasivos y vigilancia remota. Esta labor nos permite decir que la reserva está libre de minería ilegal”, aseguró el funcionario.

Respuesta ante la inseguridad

La medida adoptada por el Estado de cerrar las fronteras aéreas, interprovinciales y fluviales en respuesta a la lucha contra el COVID-19 ha generado efectos colaterales como el cierre de negocios vinculados a la minería ilegal y ha provocado la migración de personas a sus regiones de origen, según informó la FEMA-MDD.

Los comuneros del centro poblado Alto Libertad, ubicado a la altura del kilómetro 95, han observado cómo cerca del 50% de las personas que trabajaban en los negocios que funcionaban en la carretera se han retirado. Aseguran que con la cuarentena, los negocios ubicados en los kilómetros 108 y 110 han cerrado. «Ya no hay cómo sostenerse de la minería”, indicó un integrante del centro poblado Alto Libertad. Esta paralización de actividades también ha beneficiado la labor de la Fiscalía, sin embargo el reto será cuando culmine el estado de emergencia sanitaria y toda esa población intente retornar.

“Para nosotros es un reto grande, porque una vez que se estabilice la situación del país vamos a tener que luchar porque no regresen todas esas personas a La Pampa, a los ríos. Va a ser una lucha mucho más fuerte. […] Nosotros vamos a seguir con la misma intensidad de cuando comenzamos, pero creo que el Estado debe tomar otras medidas. Si bien ahora se tiene como prioridad el tema de la pandemia, en su momento, se debe prever esto”, comentó a inicios de mayo para Actualidad Ambiental la fiscal Garay. Mientras tanto las interdicciones continuarán hasta febrero de 2021, fecha que culmina el Plan Mercurio. 

Si bien existe un despliegue de personal militar y policial para salvaguardar las fronteras, las comunidades han adoptado su propia medida de seguridad a través de las rondas campesinas. En el centro poblado de Alto Libertad las rondas también cumplen con su labor de educar a las familias y aseguran que ellos no cobran cupos. El ingreso está restringido solo a personas conocidas, los demás no son bienvenidos y se les impide el paso por un tema de control y vigilancia.

Falta de alimentos

La comunicación entre todos los coordinadores del Comité de Gestión continúa de manera constante, indicó Víctor Zambrano, líder de esta iniciativa ciudadana. Sin embargo, resaltó que la restricción de circulación ha impactado directamente en el acceso a productos y compras de víveres. “Nuestra gente está desconcertada. Sin medios ni recursos para sobrevivir, y me incluyo, porque me falta poco para no tener nada, es una cuestión preocupante”, agregó.

Otra consecuencia producto del aislamiento social es el impacto que ha generado a la venta de productos agrícolas como la yuca, plátano y copoazú, aseguró Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité. “Hay agricultores a la altura del kilómetro 110 que no se han podido movilizar a sus chacras, entonces su producción, como el arroz, no ha podido ser cosechado. […] Ahora con el levantamiento parcial del tránsito han considerado al sector agrario, pero es necesario que se les otorgue credenciales para que puedan trabajar tranquilamente”, manifestó.

La falta de acceso a los bonos de subsidio entregados por el Estado cada día se vuelve más alarmante. El líder del sector Alto Libertad señaló que solo 3 o 4 personas han recibido el bono. “A algunos esta cuarentena les ha caído sin nada. Como ya no alcanza el dinero, algunos trabajan como macheteros en la minería. Justamente hemos solicitado el apoyo para que nos envíen canastas. Los del Gobierno dicen que como yo tengo casa no es extrema pobreza, pero ellos no han entendido que hay días que tienes dinero y hay otros que no”, agregó. Tan solo el centro poblado Alto Libertad reúne por lo menos a 200 familias, es decir, casi mil personas.

Una situación similar ocurre en el sector de Primavera Alta, a la altura del kilómetro 129, donde indican que no han recibido los bonos. En este sector la situación es distinta para cada agricultor, algunos cultivan arroz y otros no tienen si quiera canales de irrigación, lo que impide se dediquen a esta actividad. La mayoría, señalaron, viven de ganancias diarias y a veces es necesario contar con capital para movilizarse. Por el momento, han sostenido diálogo con el Ministerio de Producción para hacerles llegar sus principales pedidos.

En respuesta a estos pedidos, desde el Sernanp se han iniciado las gestiones para brindarle apoyo a todos los integrantes del Comité de Gestión mediante la entrega de víveres y equipos de protección personal. De acuerdo al director José Carlos Nieto, estas acciones responden al trabajo que por años se ha realizado en coordinación con sus integrantes por la defensa de los bosques de la Amazonía. 

Reactivación económica

El pasado domingo 3 de mayo, el Estado a través de la publicación de un decreto supremo anunció la minería como parte de las actividades incluidas en la Fase 1 de la Reanudación de Actividades. Frente a esto, el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, y el congresista por la región Alexander Lozano han manifestado su intención de incluir a la minería artesanal como parte de las actividades de reactivación.

Para los defensores ambientales esta medida no beneficia a los que en verdad necesitan sino que se les dará prioridad a personas vinculadas a la minería ilegal. “Para nosotros está claro, quienes van a reanudar sus actividades ya tienen el derecho autorizado. Otra vez va a volver el desorden”, declaró Demetrio Pacheco.

Por su lado, Víctor Zambrano resaltó que la reactivación no contempla a población como los comuneros del sector del eje carretero. “¿Qué hay de los concesionarios forestales, los campesinos, los mineros en proceso de formalización? Estamos cerca de tocar fondo, no sabemos qué va a pasar más adelante”. 

Sin embargo, de acuerdo al congresista Lozano se están tomando medidas para apoyar a todos los sectores productivos, no tan solo al minero. «Estamos pidiendo que se incluya a los mineros que están en proceso de formalización y que se les considere a partir de este mes. Son un promedio de 150 mineros que están en este proceso, como también hemos apoyado a los agricultores a través de la mesa agraria donde he pedido que se les otorgue crédito agrario a tasa cero, porque actualmente ellos no pueden vender su producto. Algunos están en su casa, otros en su chacra, entonces quién se preocupa por ellos», indicó Lozano.

En el oficio dirigido el pasado 21 de abril al congresista Lozano, la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) solicitó la reactivación de cuatro actividades: minería aurífera, transporte público, agropecuario y forestal, y comercio e industria. El documento coloca como argumento que la minería aporta el 39% del PBI regional y la actividad agropecuaria y forestal el 6,8%.

Esta propuesta se da en un contexto donde el oro cada día aumenta su rentabilidad, al considerarse una reserva de los capitales en plena crisis generada por el coronavirus. En una reciente publicación en Ojo Público, el especialista en temas ambientales César Ipenza señaló que la proyección del precio de la zona era de US$ 1 500, pero su precio actual supera los US$ 1 702. “La situación es compleja y preocupante, pues a mayor precio del oro mayor también será la incidencia sobre su explotación ilegal, que no solo destruye ecosistemas y afecta a la salud de la gente, sino a la sociedad misma», indicó en su columna.

Visión que es compartida por el líder del Comité de Gestión, Víctor Zambrano quien aseguró que el aumento del precio del oro ha elevado la ilegalidad. “Ahora que se han enterado que el precio del oro se ha elevado siguen con sus actividades. Esto pareciera que es otro Estado, porque las mafias no han variado”, mencionó Zambrano.

Para la coordinadora de la Oficina Regional de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Luisa Ríos, el Gobierno se enfrenta en estos momentos al gran reto de lograr que la ayuda llegue a todos los peruanos en medio de medidas de distanciamiento social y paralización de diferentes sectores productivos. Sin embargo indicó que estas medidas deben ir de la mano con acciones que garanticen la seguridad e integridad de los defensores ambientales. «Se mantiene el reto de asegurar que las medidas tomadas durante la emergencia no incrementen el riesgo que afrontan los defensores ambientales en las diferentes regiones del país. Ahora nos toca promover una reactivación económica con base en el contexto de cada región y las capacidades de los regionales y locales», finalizó Ríos.

 

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