Foto: SPDA
- Josué Gutiérrez Cóndor señaló además que la Defensoría hará las coordinaciones para que la ratificación del Acuerdo de Escazú se ponga en discusión nuevamente en el Congreso.
El 2018, el Perú suscribió el Acuerdo de Escazú, un tratado que sobre derechos humanos y ambiente que regula estándares mínimos sobre participación ciudadana, transparencia y justicia ambiental y un régimen de protección internacional para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Para nuestro país sea un Estado parte de este tratado, el Congreso de la República debe ratificar el acuerdo; sin embargo, hasta el momento lo ha rechazado en dos oportunidades.
A fines de abril de este año, se realizó en Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú. En este evento, participaron 15 países parte del tratado, y el Perú solo estuvo como observador. Por tanto, no pudo intervenir en la conferencia de manera protagónica, tampoco votar o aprovechar los resultados de estos espacios.
En el mencionado evento estuvo presente Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, con quien conversamos sobre las oportunidades de este tratado internacional y lo que se necesita para que Perú logre ratificarlo.
¿Considera indispensable que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú?
Considero que la agenda del Estado peruano conducido por el Ejecutivo ha sido colaborativa en el aspecto de iniciar este acuerdo en el año 2018 y ha sido ese mismo año que ha suscrito el acuerdo. Pero de ahí hacia adelante ha habido dos intentos, hasta tres, de poder ratificar como Estado, no solamente como ejecutivo, y este ha sido adverso.
Entiendo que el Ejecutivo actual no tiene, en su plan inmediato, esta discusión para la resolución legislativa que tiene que plantearse como proyecto. En estos momentos no está en discusión, así que desde la Defensoría vamos a hacer las coordinaciones para que nuevamente se ponga en discusión [la ratificación del acuerdo] y que los parlamentarios puedan tomar una decisión.
En la COP3 de Escazú, diversos Estados parte resaltaban la importancia de ratificar este acuerdo. ¿Cómo ve los avances dentro de Perú sobre este tema?
Independientemente al Acuerdo de Escazú, nosotros tenemos una frondosa normatividad de protección a temas medioambientales. Lo que falta y lo que adolece es de acciones concretas para luchar contra la tala ilegal, para luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades conexas que son producto de la criminalidad organizada en nuestro país.
Yo creo que el Acuerdo de Escazú es vital, es importante porque refresca un poco la frondosidad normativa, la sistematiza de alguna forma y esto tiene, digamos, una vinculación en el órgano jurisdiccional, porque su observación de desarrollo al momento de emitir sentencias o recomendaciones va a ir siempre acorde con la defensa del medio ambiente, pero independientemente de eso, hoy por hoy está penado el tema de la deforestación ilegal, está penado las otras actividades que son producto del crimen, ya sea el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal con fines de venta de madera en lugares donde no están concesionadas. Entonces, con acuerdo o sin acuerdo, si el Estado tiene la necesidad de combatirla, y lo tiene que hacer de manera inmediata.
La COP3 de Escazú se desarrolló en Chile, a fines de abril. Foto: SPDA
¿Qué llamado haría al Congreso para la ratificación del Acuerdo del Escazú?
Primero al Ejecutivo, porque si la iniciativa no sale del Ejecutivo, el Congreso jamás lo va a discutir. La política exterior, y por lo tanto los compromisos, acuerdos, tratados y convenios, naturalmente pasan por el Ejecutivo, y es el que debe dar el impulso. No es que el Congreso de un momento a otro desarrolla una iniciativa [respecto a Escazú].
Y en ese sentido: ¿qué llamado le haría al Ejecutivo?
Que vuelva a poner en discusión este tema y que este Congreso adopte la decisión que sea más conveniente, a efectos, digamos, de la protección del sistema medioambiental que tiene nuestro país.
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