Según el artículo de Mariano Castro, Decano de la Facultad de Derecho de la UCS, publicado hoy en El Comercio, el Decreto de Urgencia 001-2011 -destinado a promover la inversión de 30 proyectos vinculados con Proinversión- señala que las certificaciones ambientales no serán requisito para la obtención de autorizaciones administrativas de carácter sectorial, para el ejercicio de las actividades del proyecto adjudicado.

En la nota, Castro recordó además que dicho Decreto publicado el 18 de enero, fue modificado tres días después (002-2011), y de 30 proyectos priorizados subieron a 33, incluyéndose los de “energía de nuevas centrales hidroeléctricas”, sin que se precisarán de qué obras se trata.

Las concesiones definitivas son autorizaciones que permiten utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener servidumbres para la construcción y operación de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Con estos decretos los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser revisados ni aprobados antes de otorgarse las concesiones definitivas.

Para Mariano Castro, al no considerarse como requisito las certificaciones ambientales como el EIA, habría problemas para mejorar, modificar o cancelar una concesión si es que se comprobara luego que tal proyecto presenta problemas técnicos, sociales y ambientales.

Al postergar la aplicación de los EIA, estos decretos desvaloran uno de los escasos vínculos concretos y efectivos existentes para la integración entre las políticas sectoriales y las ambientales. Para evitar estas injustificadas presiones sobre la regulación ambiental es urgente, más bien, que el Gobierno Nacional asuma el hábito democrático de cumplir la elaboración anual del balance energético nacional, tal como lo han destacado varios ex ministros de Energía.

El especialista recuerda además que el actual gobierno no otorgó la competencia al Ministerio del Ambiente, para revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental, por lo que son otros sectores (como el MEM, MTC, etc) los que otorgan la concesión definitiva una vez aprobado el EIA.

Los proyectos priorizados responden a necesidades importantes que deben ser atendidas, pero no a cualquier costo ambiental, social ni a la transparencia pública. No ayuda al desarrollo que nuestra regulación ambiental sea menos autónoma y creíble. Pro Inversión, además, necesita una urgente reingeniería ambiental.

Finalmente, Mariano Castro señaló que los Decretos de urgencia mencionados son inconstitucionales, ya que la Constitución solo autoriza al Poder Ejecutivo a dictarlos en materia económica y financiera, pero no en asuntos ambientales.

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Foto: BIC