El presidente Ollanta Humala informó que el gobierno decidió declarar en estado de emergencia las provincias cajamarquinas de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá. La medida es por sesenta días y rige desde las 00:00 horas de hoy, 5 de diciembre.

“Actualmente no existen las condiciones para que estas garantías sean respetadas en Cajamarca, es por ello que al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de disposiciones constitucionales”, dijo el Presidente, en un anuncio transmitido en cadena nacional.

“El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se respete la propiedad pública y privada”, sentenció.

DIÁLOGO TRUNCO

Humala hizo este anuncio luego que las negociaciones entre representantes del Ejecutivo y manifestantes no lograran un acuerdo, en una mesa de diálogo.

“Tres ministros de Estado, representantes de la Iglesia Católica e instituciones, como la Defensoría del Pueblo, han agotado hoy todos los caminos a fin de establecer el diálogo como punto de partida para resolver el conflicto en democracia. La intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto”, dijo el Presidente en su discurso.

Efectivamente, el día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, lideró la mesa de diálogo con representantes de los manifestantes (entre ellos el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra). Según Lerner, los dirigentes se habían comprometido a deponer las protestas. Sin embargo, minutos antes de firmar el acuerdo, ellos alegaron que primero debían consultar a las bases.

En la cita estuvieron presentes los ministros Interior, Óscar Valdés; de Trabajo, Rudecindo Vega; de Vivienda, René Cornejo; de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli; la viceministra de minas, Susana Vilca, y el viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola. También funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, y el obispo de Cajamarca, Carmelo Martínez.