El día de ayer se publicó el decreto de urgencia 61-2009 que establece que los acreedores vinculados con a una empresa deudora no podrán ni solicitar la insolvencia de la misma, ni votar en la junta de acreedores -organismo que administra al empresa a reestructurar-.

El mencionado decreto se da a los pocos días que la minera Doe Run Perú solicitara al Estado , a través de un comunicado público, una ampliación en el PAMA debido a que aún no ha podido capitalizar las deudas que mantiene con diversos acreedores.

Doe Run Perú mantiene su deuda principal con el grupo Renco, de propiedad de Ira Rennert, por US$ 156 millones. También tiene deudas con proveedores de concentrados por US$ 100 millones, y otras empresas por US$ 20 millones.

Según informa el diario El Comercio , los acreedores menores de la minera estaban temerosos de que el grupo Renco solicitase la insolvencia de Doe Run Perú ante Indecopi. Esto, debido al monto de la deuda de Renco, el grupo que maneja Rennert podría controlar nuevamente DRP a través de la junta de acreedores que se nombraría para administrar la minera.

Como se recuerda, hace más de dos meses, un grupo de empresarios mineros agrupados en la Sociedad Nacional de Minería avaló dos líneas de crédito por un total de 175 millones de dólares a Doe Run Perú. A cambio, la empresa se comprometió a poner el 100% de sus acciones en garantía a nombre del Estado para el cumplimiento de su PAMA.

Hasta la fecha, DRP no ha puesto sus acciones en garantía. Ante esto, el viceministro de Minas, Felipe Isasi, dejó abierta la posibilidad de que la empresa entre en proceso de cierre si persiste en el incumplimiento del PAMA, que tiene como fecha de vencimiento en octubre próximo.

Por su parte, ayer, el ministro Luis Carranza afirmó que el Estado está a la espera que Doe Run cumpla con sus compromisos, es decir, que capitalice sus deudas.

Por lo pronto, los acreedores menores de Do Run se han pronunciado a favor de mantener a la empresa y no forzarla a un proceso de insolvencia. Tal fue la versión que dieron al diario El Comercio, Ricardo Trovarelli, gerente general de Cormin, y José Miguel Morales, representante legal de la Compañía de Minas Buenaventura.

El Comercio también informó que hoy se reunirán representantes del Gobierno (el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, a la cabeza) con directivos de Doe Run para analizar la situación de la empresa.

LEY ESPAÑOLA

El especialista en temas concursales y socio del Estudio Rodríguez, Díaz y Medrano, Hugo Silva Quintana, explicó al diario El Comercio que el decreto de urgencia 61-2009 se usa en España, sobre todo, cuando algunos acreedores generan reestructuraciones ficticias.

“Se da porque en muchos casos los acreedores vinculados obstaculizan los procesos, impiden la reestructuración o generan reestructuraciones ficticias”, indicó Silva Quintana.

FOTO: SPDA