• De acuerdo al reporte policial de la Comisaría de Mazuko, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios), un grupo de 20 personas atacó con piedras una camioneta del Ministerio Público.

• Tras el lanzamiento del Operativo Mercurio, el distrito de Camanti se ha convertido en un nuevo foco de minería ilegal.

Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

 

El último 26 de noviembre, alrededor de las 9 a. m., una camioneta del Ministerio Público a bordo del fiscal adjunto del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Rodolfo Mancilla, y el conductor, Juasmed Otazu, fue atacada por 20 personas. Según detallan fuentes de la Policía Nacional, los agresores se identificaron como integrantes de la comunidad San Lorenzo, ubicada en el distrito de Camanti, provincia Quispicanchi (Cusco). Con estas acciones se buscó impedir el trabajo de interdicción en el cauce del río Parcamayo.

“Para evitar el costo social decidimos no continuar con la interdicción”, detalla a Actualidad Ambiental el Coronel PNP Percy Huapaya Moreno. Asimismo, aseguró que en la zona donde sí se llegó a realizar el operativo se encontró maquinaria pesada, motores estacionarios, bidones de petróleo, campamento rústico, accesorios y herramientas de motores, por lo que se procedió a su destrucción. Huapaya precisa que no hubo detenidos y se llegó finalmente a un acuerdo con los comuneros.

De acuerdo a la denuncia policial, presentada el último viernes ante la Comisaría de Mazuko, la camioneta del Ministerio Público fue atacada con piedras y se removieron las tablas de un puente colgante impidiendo el avance del automóvil. Esa mañana se tenía previsto interdictar, como parte del Plan Restauración antes denominado Plan Mercurio, cuatro puntos del río Parcamayo donde se tenía indicios de actividad minera ilegal, cercana a la comunidad nativa San Lorenzo. 

“Con respecto a esa comunidad no sé por qué la han denominado nativa. Ellos no pertenecen al Eca Amarakaeri ni tampoco a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad)”, precisa Walter Quertehuari Dariquebe del pueblo harakbut wachiperi y presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri. 

Como parte del operativo, la Policía Nacional del Perú a través de un trabajo de inteligencia obtuvo evidencia de minería ilegal en tres concesiones mineras ubicadas cerca a la comunidad San Lorenzo, las cuales no cuentan con REINFO o se encuentran suspendidas, es decir, no deberían registrarse actividades mineras. Los tres derechos sumarían alrededor de 900 hectáreas de territorio. 

Entre los titulares se encuentra la señora Demicia Quispe Choque, quien fue sancionada en agosto de 2018 al ser titular de un vehículo que transportaba hidrocarburos sin contar con GPS, impidiendo evidenciar el trayecto real del automóvil. 

Camanti: nuevo foco de ilegalidad

El distrito de Camanti, en Cusco, presenta antecedentes de actividad minera ilegal. Un reporte del Monitoreo de Deforestación en la Amazonía (MAAP) publicado en diciembre de 2020 registró seis nuevos puntos de minería ilegal tras el inicio de la Operación Mercurio en febrero de 2019, entre ellas se encuentra Camanti. Una parte del distrito se ubica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri donde se registró, según el reporte, una pérdida de 105 hectáreas después de iniciado el operativo.  

“Siempre hemos hablado del ‘efecto globo’ que viene afectando el territorio comunal Amarakaeri y la amenaza de la reserva tras el lanzamiento del operativo Mercurio, eso no es novedad”, asegura Querterhuari. 

Según fuentes de la FEMA, desde el 2019 se han realizado operativos en la zona de Quincemil, ubicado en la carretera Interoceánica, en el distrito de Camanti. Una de estas zonas se ubica entre el río Parcamayo y el río San Lorenzo. En este último se halló recientemente, detalla la fiscalía, maquinaria pesada destinada a la actividad minera en el río.