COP25: colectivos se pronuncian a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú

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El Perú firmó el Acuerdo en el 2018 y se espera que sea ratificado a través del próximo Congreso.

El pedido por la ratificación del Acuerdo de Escazú cada día toma más fuerza. Diversos colectivos, movimientos juveniles y líderes ambientales vienen empleando la Cumbre del Clima (COP25) como plataforma para pronunciarse a favor del Acuerdo y solicitar a los líderes políticos, reunidos en Madrid (España) del 2 al 13 de diciembre, a que realicen acciones concretas para su ratificación.

«El Acuerdo de Escazú coloca los derechos humanos en el corazón de la lucha contra la crisis climática», señaló Mary Robinson, expresidenta de Irlanda e integrante de la organización internacional no gubernamental The Elders, conformada por líderes y defensores de derechos humanos. Señaló, además, que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional diseñado para asegurar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones vinculadas a temas ambientales y acceso a la justicia ambiental.

«El Acuerdo de Escazú ofrece un medio por el cual los gobiernos y ciudadanos en la región de América Latina y el Caribe pueden acelerar simultáneamente el progreso en la acción climática, la protección de los derechos humanos y la promoción para una mayor inclusión en las sociedades», indicó el alto comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Raad Al Hussein.

Asimismo, resaltó el riesgo que actualmente enfrentan los defensores ambientales y activistas indígenas: «Investigaciones recientes sugieren que al menos 1558 personas en 50 estados fueron asesinadas entre el 2002 y el 2017». En medio de un contexto de conflictividad que se vive en la región, Zeid Raad Al Hussein señaló que si los gobiernos buscan reconectarse con los ciudadanos, necesitan asegurar el respeto a los derechos humanos.

Una visión que es compartida por los jóvenes de América Latina y el Caribe, quienes a través de un pronunciamiento llamaron a los gobiernos de todo el mundo a declarar en emergencia ambiental y ecológica, y garantizar medidas concretas para enfrentar el cambio climático. Entre sus principales propuestas estuvo la ratificación del Acuerdo de Escazú por tener como uno de sus objetivos garantizar el acceso a la información y justicia ambiental.

¿Cuál es el avance del Acuerdo?

De los 33 países de la región, 21 han firmado y solo cinco lo han ratificado. Entre ellos están Guyana, Bolivia y Uruguay (quienes se encuentran en la etapa final para hacerlo oficial). Y recientemente Colombia, luego que su presidente Iván Duque anunciara el último 10 de diciembre su ratificación. La firma se realizará el próximo 12 de diciembre y se espera su aprobación por ley tras su presentación ante el Congreso.

Como se recuerda, es necesario que 11 países ratifiquen el Acuerdo para que este entre en vigencia. Chile, principal impulsor desde el 2012 para la elaboración del Acuerdo de Escazú, actualmente ha desacelerado su lucha. «En su momento recomendamos a Chile suscribir el Acuerdo de Escazú, ahora en la COP y con la actual crisis social, creemos que es imprescindible contar con este instrumento y llamamos al Gobierno a firmarlo, así como a otros países de América Latina. Escazú es un acuerdo ambiental, pero también es un acuerdo por la paz”, señaló Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile.

En nuestro país, continuamos en el proceso de ratificación luego que la Cancillería enviase al Congreso de la República un informe técnico recomendando su aprobación. Con la siguiente legislatura se espera que el informe sea derivado a una o dos comisiones para luego ser incluida en debate en el Pleno del Congreso.

«Estos pedidos para la ratificación del Acuerdo de Escazú pone en evidencia la necesidad de actuar y responder a las exigencias sociales. Las movilizaciones de jóvenes y diferentes colectivos demuestran que el Acuerdo responde a este llamado. No solo porque brinda una mayor seguridad a los derechos de acceso a la justicia, sino porque fortalece el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia ambiental», indicó Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).