Foto: Oficina de Tania Pariona

Con la presencia de líderes representantes de pueblos indígenas de todo el país, esta mañana se realizó la audiencia pública: “El impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas”. Esta reunión fue organizada por la congresista Tania Pariona (Nuevo Perú) con el objetivo de la firma de una Declaración Política de los Pueblos Indígenas a los Mandatarios asistentes a la VIII Cumbre de las Américas.

Este documento presenta propuestas para prevenir, enfrentar, investigar y sancionar todo acto de corrupción. Además para proteger a los pueblos indígenas frente a la sistemática vulneración de sus derechos ancestrales sobre sus territorios y recursos. Por ejemplo, según cifras presentadas por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), de las 10 529 comunidades indígenas que existen en Perú, 4023 carecen de título de propiedad.

Con estas acciones, se espera que luego se puedan abrir más espacios para las comunidades. Asimismo, priorizar la titulación de la tierra y garantizar la participación política de los pueblos en asuntos públicos. Además, suspender el diseño, discusión y promoción de proyectos de inversión y construcción de carreteras en la Amazonía.

En su intervención, Pariona señaló que “tenemos un Estado corrupto que no termina de saldar todo el daño que le hacen y han hecho a las comunidades indígenas”.

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Otras voces

De los Andes a la Amazonía. Durante la audiencia, distintos líderes expusieron la situación de sus pueblos que son víctimas de distintos intereses económicos. Los principales problemas expuestos están relacionados a la titulación de sus tierras, que en muchos casos se ven afectadas por proyectos de inversión, como concesiones petroleras, mineras e hidrocarburos, además de megaproyectos como carreteras o represas y megaindustrias agrícolas.

“Nuestras comunidades tienen problemas de titulación de tierras. La situación en Ucayali se pone cada vez más tensa. Hay amenazas de muerte y ha habido asesinatos también. Tenemos que defender nuestro territorio, si no lo hacemos, ¿a dónde vamos a ir?”
Robert Guimaraes
Presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)

“Atropellan nuestros derechos. Nuestro territorio está concesionado a mineras al 96%. La comunidad no quiere. Queremos que se anulen, pero nadie nos hace caso.”
Hermógenes Tantarico Manayay
Presidente de la Comunidad Campesina de San Juan de Kañaris.

“La única cuenca hídrica que le queda a Moquegua sin contaminar es el río Asana. Y la empresa Quellaveco quiere tomar esas aguas para su mina. ¿Qué va a ser de Moquegua de acá a unos años?”
Lucio Flores Toledo
Presidente de la Federación Agraria y Campesina de Moquegua (FACAREMOQ)

“Sobre nuestra comunidad, hay 140 concesiones mineras. Y el Estado no nos ha consultado. Pusimos una reja de control y nos denunciaron los mineros y la empresa de transporte. Nadie nos atiende y seguimos denunciados.”
Juana Payaba Cachique
Dirigente Comunidad Nativa 3 Islas

“No podemos defender nuestro territorio. El 100% de nuestra tierra está concesionado a la empresa de petróleo. No queremos más actividades de este tipo en nuestra comunidad. No se ha remediado los pasivos ambientales. Ahora sufrimos todos de enfermedades que antes no conocíamos.”
Jeremias Petsein
Presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap)

 

“El problema de la corrupción afecta a los pueblos indígenas y a todos los que existimos en nuestro país. Promulgan una ley para la construcción de carreteras (Ley 30723) con otros intereses. Y no se piensa que se está vulnerando los derechos de los PIACI. Sería un etnocidio.”
Julio Cusurichi
Presidente Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad)

 

“Los más vulnerables somos las comunidades indígenas. Hacen carreteras, aprueban leyes, sin consultarnos. No nos llegan los programas sociales y con las carreteras no solo llega el transporte, sino también el narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia. Y lo podemos ver claramente en la Carretera Interoceánica.”
Lizardo Cauper
Presidente de Aidesep