Como parte del Día Mundial del Ambiente, el Poder Judicial realizó un evento para evaluar el avance de la justicia ambiental en el Perú en los últimos años. En dicha actividad se trataron temas como el uso de energía limpia y el trabajo realizado para implementar un «techo verde» en el Palacio de Justicia; la firma de convenios con diversas entidades estatales y de la sociedad civil (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, OEFA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Organización de los Estados Americanos – OEA); la realización del “I Congreso Internacional de Justicia Ambiental”; la firma del “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental”, que fue entregado al Papa; la inauguración del módulo de justicia ambiental en Madre de Dios; el anuncio del juzgado ambiental en Ucayali que funcionará este año y la posibilidad de inaugurar otros 8 juzgados ambientales para el 2019.

En el evento participaron como expositores Jean Pierre Araujo, abogado del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, y César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales. Ambos evaluaron lo avanzado en justicia ambiental en el Perú en los últimos años y los retos a futuro.

Entre avances significativos y tareas pendientes

Jean Pierre Araujo consideró que en el Perú, en los últimos 5 años, se ha implementado desde el Estado una serie de medidas institucionales y normativas destinadas a mejorar las condiciones de acceso a la justicia ambiental. Destacó el trabajo del Poder Ejecutivo por articular esfuerzos con los países limítrofes al incorporar, dentro de las agendas de los gabinetes binacionales, problemas medioambientales comunes, como el tráfico de flora y fauna transfronterizo entre Perú y Ecuador. También señaló que se ha invertido en la generación y transparencia de información a través de portales electrónicos como el Sistema de Información Gerencial del Osinfor (SIGO), Sistema de Información Forestal del Osinfor (Sisfor), Geoserfor, Geoservidor, Geobosques, entre otros.

Referido al trabajo desarrollado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, Araujo señaló: “Estas entidades han venido trabajando en perfeccionar su institucionalidad a fin de enfrentar delitos ambientales complejos como la minería ilegal, tala ilegal, tráfico ilícito de especies de flora y fauna, entre otros. Dentro de los avances destacan la implementación de 3 unidades de monitoreo georreferencial satelital en Loreto, Ucayali y Madre De Dios con el objetivo de complementar el trabajo del Ministerio Público; la presencia de 108 fiscales en las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental a lo largo del territorio nacional; la generación de consensos mediante el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, liderado por el Poder Judicial, así como la reciente inauguración del Primer Juzgado Ambiental en Madre de Dios”.

El abogado de la SPDA destacó el trabajo realizado desde la sociedad civil a través de organizaciones de base y líderes locales. También la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana como Alerta Ambiental y MAAP, que brindan información sobre las principales amenazas a nuestra Amazonía, así como los esfuerzos ciudadanos por contrarrestarlas accediendo al sistema de justicia.

“Se ha apreciado avances significativos pero aún existe una tarea pendiente enfocada en implementar mejores herramientas desde el derecho procesal, constitucional y administrativo que permitan que la justicia a nivel administrativo y judicial pueda ser mucho más rápida y efectiva para contrarrestar las amenazas ambientales a las cuales los ciudadanos se encuentran expuestos”, sostuvo Jean Pierre Araujo evaluando los retos de la justicia ambiental en el Perú.

Falta de instancias y autoridades especializadas

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, destacó durante su exposición algunos indicadores relacionados a la justicia ambiental en el Perú. Precisó, por ejemplo, que hasta el 2017 la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales llevaba 20 723 procesos. Por otro lado, destacó como un gran avance que se haya implementado 60 despachos fiscales con competencia en materia ambiental a lo largo de todo el territorio nacional.

Indicó que es importante contar con evidencia científica para la toma de decisiones en temas ambientales (como en la lucha contra los delitos ambientales) porque la percepción puede ser errada y resaltó la necesidad de trabajar con peritos ambientales para, por ejemplo, la elaboración de informes fundamentados adecuados. “La materia ambiental es un tema técnico y como tal requiere todo el respaldo técnico en las decisiones que se tomen”, sostuvo Ipenza.

El abogado precisó que en el país necesitamos contar con fiscales superiores especializados en materia ambiental, más jueces y salas especializadas en materia ambiental a nivel nacional, metodologías de cálculo de impacto al ambiente, hacer más transparentes las decisiones judiciales firmes, usar tecnología para enfrentar los delitos ambientales y generar protocolos que nos permitan identificar procesos penales que de todas maneras deban ser sancionados y archivar de oficio aquellos que no merecen sanción. “Los delitos ambientales son especializados y requieren un profundo conocimiento y sensibilidad. La lógica de un delito común no es aplicable a ellos”, mencionó César Ipenza.

“Hay muchísimos retos para la justicia ambiental en el Perú. Ha habido avances importantes, pero requerimos no solo instancias especializadas sino autoridades con conocimiento y sensibilidad en materia ambiental, además de seguir escalando a contar cada vez con mayores herramientas que permitan enfrentar con responsabilidad los diversos roles de las autoridades administrativas y judiciales”, dijo finalmente el abogado especializado en temas ambientales.

DATO:

Una mención especial sobre la justicia ambiental en el Perú fue hecha en referencia al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe), suscrito por el Perú y que debe ser ratificado, cuya firma estará abierta desde el 27 de setiembre del 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. César Ipenza mencionó que el alcance del acuerdo debe ser dado a conocer al público y que las normas deben ser implementadas y aplicadas.

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