En diciembre del 2014, mientras se desarrollaba en Lima la COP20, diversas autoridades nacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil suscribieron el “Pacto Nacional por la Madera Legal”, una iniciativa que busca la ambiciosa meta de que para el 2021 toda la madera producida en el Perú tenga un origen legal.

El jueves 12 de mayo fueron presentados los primeros avances del “Pacto Nacional por la Madera Legal”, con la presencia de representantes del Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre), el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Agricultura y Riego.

Las políticas públicas

El “Pacto Nacional por la Madera Legal” nació hace aproximadamente 2 años, recogiendo la experiencia colombiana a través de WWF. Acogió la idea el Serfor y se fueron incorporando el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, Osinfor y GIZ. De esa experiencia destaca Fabiola Muñoz, Directora Ejecutiva del Serfor, el trabajo desarrollado desde el Estado para involucrarse con otros actores del mismo Estado, con el sector privado, la industria y los compradores para lograr criterios que aseguren un bosque sano, manejado sosteniblemente y con un origen legal verificado de la madera.

“El Estado peruano tomó la decisión de iniciar este proceso en la COP20, pero estamos en un proceso de reforma en el sector forestal que no empezó hace 2 o 5 años. Ha empezado antes del 2000. En ese momento se aprobó una ley que trajo un cambio muy significativo: pasar de la extracción al manejo. Aún estamos aprendiendo lecciones de aquella época. Lo interesante es que han pasado más de 4 gobiernos y esta reforma ha continuado y seguimos avanzando. Hoy tenemos una Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y una Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Todavía estamos tratando de construir confianza entre el sector privado y el Estado. Al final del camino lo que buscamos es que los bosques en pie se mantengan vivos y que se manejen de manera sostenible. Creo que el Estado, para definir políticas públicas, está aprendiendo a tener procesos en los que escuchamos a aquellos que están vinculados a los bosques y que nos pueden permitir tener información de primera mano y además asegurar que la política pública responda a la realidad y logre el objetivo que queremos: conservar nuestros bosques siempre productivos”, señaló Fabiola Muñoz.

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El costo de la ilegalidad de la madera

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, evaluó al sector forestal, destacó el “Pacto Nacional por la Madera Legal” y señaló el riesgo que significa para el Perú comerciar madera ilegal: “Hay un costo muy grande que le pone la madera ilegal al país, que no solamente es la competencia desleal, sino que limita las posibilidades de exportación. Como cuando se exporta conchas de abanico o langostinos que están en malas condiciones, se contamina toda la exportación peruana y pueden cerrar el mercado. Si no vamos a eliminar o reducir a su mínima expresión la madera ilegal, vamos en un camino en el cual las exportaciones van a ser más complicadas cada vez. Y vamos a limitarnos solamente al mercado peruano en vez de venderle a 7-8 mil millones de personas. El mayor costo que le pone la ilegalidad al país viene por el lado de cerrar mercados potenciales”, señaló.

Referido al trabajo conjunto entre entidades del Estado y sector privado que demanda actividades como la exportación de madera legal, dijo el ministro: “A veces en el Perú hay una tendencia en ciertos sectores a decir “que el Estado no se meta”, que solo entorpece, burocratiza y tiene que dejar que el sector privado florezca. En realidad eso en la práctica es imposible. Uno no puede exportar madera sin una alianza con el Estado. En ese sentido la complementariedad entre el Estado y el sector privado es fundamental. No nos podemos sustituir, tenemos que complementarnos. La coordinación entre sectores privado y público es uno de los mayores bienes públicos que puede ofrecer el Estado”.

Evaluando el escenario político a puertas de un cambio de gobierno, el ministro de la Producción indicó que nos encontramos casi en un punto de no retorno. “Soy muy optimista del futuro del sector forestal. El tema es perseverar, tenemos que seguir trabajando. Lanzamos un fondo de 200 millones para dar acceso al financiamiento porque el sector no ha sido muy conocido en el sistema financiero tradicional y todavía no existe en el Perú un mercado de capitales lo suficientemente desarrollado que permita cumplir todas las necesidades. Ya hay inversiones forestales que están viniendo, estamos trabajando con gobiernos regionales para encontrar esa oferta. Necesitamos aprovechar mucho más la madera que tenemos hoy. Con las plantaciones, en el mejor de los casos, vienen exportaciones dentro de 8 años. La diversificación productiva también demanda trabajo hoy. En el caso del aprovechamiento del bosque es empleo hoy y exportaciones muy pronto. El forestal es un sector que está muy desatendido y necesitaba mucho cuidado, mantenimiento, acompañamiento. Porque el trabajo de un hacedor de política pública no termina cuando publica su reglamento sino que tiene que estar seguro de que las cosas que se hacen se están aplicando, para llegar a un punto en que se agarre esa tracción que asegura que al sector no lo pare nadie. Me siento contento, creo que hemos avanzando, tenemos muchísimo más por hacer. En algunos años, yo que no soy del sector, lo veré con mucho cariño cuando vea que el Perú logró el potencial que merecía”.

Casos

Durante el evento fueron presentadas 3 experiencias procedentes del Estado y del sector privado relacionadas al “Pacto Nacional por la Madera Legal”.

“Plan Selva”

Los indicadores educativos de las regiones amazónicas son los más bajos a nivel nacional tanto en rendimiento académico como en infraestructura. De las más de 15 mil escuelas en la Amazonía, el 81% se encuentra en zonas rurales de muy difícil acceso y no tienen techos, muros o presentan inundaciones regularmente, al punto que el 51% de estos colegios debe ser sustituido total o parcialmente.

Para hacerle frente a este escenario, el Ministerio de Educación desarrolló “Plan Selva” (Grupo para la Educación para la Selva), un proyecto que busca asegurar las condiciones básicas del servicio educativo en la Amazonía a través de licitaciones para la construcción de colegios prefabricados. Estas escuelas están preparadas para que funcionen en 3 diferentes climas ecológicos, con niveles distintos de pisos, con techos a 2 aguas considerando las lluvias, ventilación, piso levantado por inundaciones o acceso de animales. Eventualmente incluyen un sistema de captación de agua de lluvias, paneles solares, etc.

La primera licitación del proyecto permitirá que 1.000 alumnos de 10 instituciones educativas de Loreto, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Junín cuenten con colegios modulares. El “Consorcio Educativo Selva” ganó la licitación con un financiamiento de S/ 45 millones. La empresa debe construir las piezas del colegio prefabricado, transportarlas e instalarlas en las 5 regiones.

Una segunda licitación cubrirá la construcción de 69 colegios por un monto de S/ 160 millones en 6 regiones de la Amazonía. Se está en proceso de convocatoria. Estarán listos para el 2017.

¿Cómo se relaciona la iniciativa el “Plan Selva” con el “Pacto Nacional por la Madera Legal”? Pues se propuso al comité de selección que se incluyera en la licitación a nivel de mejora la certificación para la madera de los colegios. Los postores que ofrezcan madera de procedencia verificada obtendrán más puntaje.

“Maderacre”

En Iñapari, a 1800 Km. de Lima, en medio de la selva de Madre de Dios y próximo a la frontera con Brasil y Bolivia, se encuentra la maderera “Maderacre”. Esta empresa trabaja en un área de 220 mil hectáreas, brinda 300 puestos de trabajo directos, formales y de calidad, e indirectamente alcanza al 50% de la PEA del distrito. Junto a otras productoras formales de Tahuamanu, abarcan el 70% de la PEA de la provincia.

José Luis Canchaya, gerente de negocios de “Maderacre”, dijo sobre el “Pacto Nacional por la Madera Legal”: “El consumo y producción responsable de madera forma parte de nuestro ADN. No solamente el comercio legal sino la producción sostenible y el impacto positivo que pueda haber sobre las comunidades locales. Este modelo de negocio no tiene sentido si al final del día debemos vender nuestra madera en el mismo mercado que los informales e ilegales, que tienen menores costos y no pagan impuestos. Ahí se genera la competencia desleal que pone en riesgo no solo la viabilidad económica de los emprendimientos forestales sino a la conservación. En ese sentido, el “Pacto Nacional por la Madera Legal” cobra más importancia al generar un espacio donde la madera verificada pueda diferenciarse y obtener un precio justo, y se viabilicen tanto el negocio como los bosques en pie. No se trata solamente de hacer rentable un negocio lucrativo, se trata de cómo conservar nuestros bosques, una fuente de riqueza para nosotros, para las localidades y para las generaciones futuras”.

“Cuatro Cuartos”

Martín Fernandini es gerente general de la empresa constructora “Cuatro Cuartos”. En el evento destacó la importancia de saber la procedencia de la madera que se usa y firmó un compromiso para la comercialización de madera de procedencia legal de “Maderacre”.

 

Jhonny Salazar
jsalazar@spda.org.pe