• Yesenia Chumbe, coordinadora técnica del proyecto Por la Pesca, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), conversó con RPP sobre las afectaciones que tiene esta actividad ilegal para el sector pesquero.

 

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y, a su vez, se conmemora el «Día internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)». Para Naciones Unidas, este tipo de pesca se trata de un problema generalizado que abarca prácticas destructivas realizadas tanto en alta mar (fuera de las 200 millas) como dentro de las aguas nacionales.

En entrevista con RPP, Yesenia Chumbe, coordinadora técnica del proyecto Por la Pesca de la SPDA, señaló que “la pesca ilegal es aquella realizada sin el correspondiente permiso de pesca o contraviniendo la legislación nacional vigente; en el caso de la pesca no declarada, nos referimos aquella que oculta a las autoridades cuánto y dónde se está pescando, lo que nos puede llevar a acabarnos los recursos; y en el caso de la pesca no regulada, hablamos de recursos que no cuentan con un marco legal que les permita garantizar su sostenibilidad”.  

La pesca INDNR afecta a la seguridad alimentaria y al ecosistema marino. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, un quinto de las capturas a nivel mundial se realiza de alguna de estas tres maneras, además, está vinculada con condiciones de trabajo precarias. 

“Tengamos en cuenta que la pesca es fuente de alimentación y el hambre es una problemática a nivel mundial, entonces, aporta a la seguridad alimentaria. En términos ambientales, la pesca ilegal puede afectar los hábitats donde estos recursos se reproducen para garantizar su sostenibilidad y que los pescadores puedan aprovecharlos”, remarcó Chumbe. 

La especialista de la SPDA explicó además que, si bien estas prácticas tienen como responsable a la flota china, también hay retos que enfrenta la flota nacional para combatir la pesca INDNR. Según el Ministerio de Producción, el 80 % de pescadores artesanales están en la informalidad al no contar con un permiso de pesca. 

Chumbe remarcó que se hacen esfuerzos desde la sociedad civil y funcionarios públicos en coordinación con los pescadores artesanales, interesados en trabajar en la formalidad, pues le brinda valor agregado a sus productos y acceso a mejores mercados. 

“Desde el proyecto Por la Pesca venimos impulsando las campañas de Formales por la Pesca. Queremos facilitar la formalización para poder concluir estos procesos. Las comunidades también pueden ayudar con los esfuerzos informándose, conociendo lo que está consumiendo, de dónde proviene y evitando consumir los productos que no cumplan con las tallas mínimas”, puntualizó Chumbe. 

Esfuerzos desde el sector artesanal 

La formalización permite el acceso a mercados mejor valorados para los productos de pescadores artesanales, como el caso de Susy Querevalú, dueña de una embarcación potera, producto que se exporta a Asia y Norteamérica.  

Organizaciones de pescadores artesanales buscan la formalización para una mejora de sus condiciones de trabajo. Elsa Vega, presidenta de Sonapescal y primera mujer lideresa de una organización de pesca, tiene como meta formalizar el 100 % de su flota para este año. 

Los pescadores artesanales también proponen medidas propias para mejorar el ordenamiento en sus puertos. En la cooperativa San José Limitada de Lambayeque, los pescadores utilizan un aplicativo que les permite saber dónde pescaron, la cantidad de pescado capturado y dónde se realizó el desembarco. 

 

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