• Ángel González, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, señala que -para brindar mayor seguridad a los defensores de derechos humanos- el Estado debe estar presente en los territorios, recuperar los espacios ganados por las actividades ilegales y dotar de más presupuesto a la Policía Nacional.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

Según un informe de Global Witness, en los últimos diez años, más de 1700 defensores ambientales y del territorio fueron asesinados en todo el mundo. Del total de crímenes, el 68 % se registró en Latinoamérica y, de esta cifra, el 39 % corresponde a poblaciones indígenas.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que, entre 2015 y 2020, los asesinatos de defensores ambientales se cometieron en casi un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas, de los cuales 19 son de América Latina y el Caribe. Asimismo, más de la mitad de las víctimas eran líderes de comunidades campesinas, defensores de la tierra y el medio ambiente, y al menos el 14 % eran mujeres.

En el Perú, solo en los últimos dos años, unos veinte defensores ambientales han sido asesinados, principalmente en la Amazonía. La víctima más reciente fue Vilca Ampichi López, apu yanesha de la comunidad nativa San Juan de Pachitea, ubicado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca (Huánuco). El líder indígena fue atacado con arma de fuego el pasado 5 de diciembre, mientras se desplazaba en una mototaxi.

Si bien la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales aún es un tema pendiente del Estado, existen avances que apuntan a este fin. Por ejemplo, en abril de 2021 se creó el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, una herramienta legal que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo.

Este mecanismo se suma a otros avances como el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, aprobado el 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y el “Registro de denuncias e incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos, aprobado en el 2020, también por el mismo ministerio.

Sobre el “Mecanismo intersectorial”, este aborda el problema desde tres dimensiones: preventivo, protección y atención rápida, y acceso a la justicia. Asimismo, involucra a ocho ministerios e incluye la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Sin embargo, pese a estos avances, Víctor Zambrano, defensor ambiental que protege el territorio y el ambiente de la Reserva Nacional Tambopata, ha señalado que “Un papel no detiene una bala”, refiriéndose a que estas herramientas legales no han podido reducir los crímenes de los peruanos que protegen lugares como la Amazonía.

¿Qué falta para que estas herramientas legales sean más eficientes? ¿Qué sectores deben intervenir en esta problemática? ¿Qué se debe hacer para devolver la esperanza a cientos de peruanos y sus familias que viven en constante zozobra? ¿Cómo aportaría en este caso la ratificación del Acuerdo de Escazú?

Para responder a estas preguntas, conversamos con Ángel González, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

¿Cuál es el mayor desafío del Estado para proteger a los defensores ambientales?

Yo creo que es la presencia del Estado en el territorio. Creo que podemos abordar algunas cuestiones previas que están más vinculadas a la prevención de situaciones de riesgo, pero hay zonas donde la ausencia del Estado, en estos 200 años de vida republicana, ha quedado marcadamente en evidencia y se requiere fortalecer esa presencia porque está convocada a brindar medidas urgentes de protección y hacer frente a actividades ilícitas que han permeado incluso en las economías locales. Entonces, se tiene que recuperar ese espacio desde el propio Estado y de esa manera garantizar los derechos de todos y todas.

Recuperar el espacio perdido por el Estado podría demorar años. ¿Cuál sería la acción de corto plazo para garantizar que no sigan matando a más defensores ambientales en el país?

Todos estos cambios no se van a lograr de la noche a la mañana. Se espera sí que sea de manera sostenida y progresiva. Como Estado no podemos renunciar a ello. ¿Qué podemos hacer inmediatamente? Yo mencionaría algunos puntos. Primero, comenzar a dotar de suficiente personal y recursos, e incrementar la presencia del Estado en los lugares donde se evidencia más situaciones de riesgo. Se debe invertir en financiamiento, logística, personal, para poder brindar un entorno seguro que va más allá de la protección de personas defensoras de derechos humanos, me refiero al acceso a servicios públicos.

Creo que también es importante que, quienes están convocados a desarrollar las medidas de protección más urgentes, puedan contar con herramientas claras y tener un sustento que permita solicitar recursos de manera ordinaria. La Policía Nacional, por ejemplo, que es la primera convocada a brindar protección a personas defensoras, tiene que solicitar los recursos específicos para lograr esa actividad operativa. También se debe considerar que las campañas de intervención policial deben incluir una presencia de los agentes en la zona que dure al menos un tiempo suficiente para garantizar la vida de las personas.

Suena lógico, pero ¿de quién depende que ello se logre?

Estas propuestas son básicamente sectoriales, y esto es parte de la configuración del propio mecanismo intersectorial, el cual se plantea como una herramienta que suma esfuerzos, pero ello no genera una institucionalidad sola, una personería o una organización independiente en sus componentes. El mecanismo implica que las acciones se tengan que financiar con los recursos de cada una de las entidades.

¿El mecanismo está al 100 % implementado?

El mecanismo se aprobó en abril de 2021, y ha sido socializado con organizaciones de la sociedad civil y líderes de pueblos indígenas, además ha recibido aportes de la sociedad civil en su constitución y en el desarrollo de sus actividades, pero aún no está consolidado completamente. ¿Por qué? Porque se trata de una institucionalidad joven y los procesos de institucionalidad toman tiempo. De hecho, estamos conociendo los alcances propios de la herramienta, estamos descubriendo maneras más eficientes de intervenir en el territorio. Tenemos varios retos.

[Ver además►¿Por qué no ha cambiado la situación de los defensores ambientales de Madre de Dios?]

Aparte del mecanismo, ¿qué otras herramientas legales están orientadas a proteger a los defensores ambientales?

Están los sistemas regulares de acceso a la justicia, las denuncias penales ante el Ministerio Público, que ya cuenta con un protocolo para atender a las personas defensoras de derechos humanos, y una unidad para la protección de víctimas y testigos. Otras herramientas son las medidas cautelares que pueden pedir, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, en la implementación se tienen los mismos problemas, por ejemplo, de seguridad, y esto va a requerir de mayor presupuesto para la Policía Nacional en casos de intervención.

Algunos no sienten que se haya avanzado mucho respecto a la protección de los defensores ambientales…

Sabemos que ganar la confianza de la población se logra solamente en la intervención y en la respuesta oportuna, y allí es importante también sincerar las expectativas que puede generar el mecanismo. Muchas veces, en el discurso se plantea que una vez creado el mecanismo se arreglan los problemas, y eso solo reduce la legitimidad de esta herramienta.

Nosotros, en el marco del mecanismo podemos visibilizar problemas estructurales, podemos coadyuvar a que se puedan convocar a los actores que pueden atender esa problemática, pero no somos los llamados a solucionar esto, y no lo digo como excusa o lavándome las manos, sino que existen funciones de competencia y herramientas específicas para abordar diferentes tipos de problemas con los que el mecanismo no cuenta.

Aun así, hemos tenido intervenciones intersectoriales que han trascendido de las funciones del propio mecanismo, hablo por ejemplo del apoyo intersectorial para promover la titulación de ciertas comunidades indígenas. Recordemos que muchas de estas comunidades defienden su territorio, pero lo primero que deben de tener es el reconocimiento que los legitimiza, y este es un derecho de entrada que va a tener un impacto muy grande en el desarrollo regular de las actividades de defensa.

¿Cuál sería la respuesta del Minjus a los defensores que dicen, por ejemplo, que “Un papel no detiene una bala”, refiriéndose a las garantías que otorga la Policía Nacional, o al propio mecanismo? ¿Cuál sería el mensaje de esperanza para estas personas?

Es cierto, un papel no aguanta una bala, pero un papel te puede habilitar el acceso a derechos y la exigencia de los mismos, entonces ya no se trata de un solo papel. Imaginemos, por ejemplo, que aprobamos una norma a través de los cuales podemos vulnerar los derechos de las personas abiertamente. ¿Cuál sería la primera reacción de las personas y organizaciones? Probablemente defender ese derecho, pero lo siguiente que harían sería atacar ese papel. Entonces, ese papel no es letra muerta.

Estos papeles son los documentos habilitantes para exigir intervenciones al Estado. Que la capacidad del Estado no sea lo suficiente para que estas intervenciones se den en la calidad y en la frecuencia en que tienen que dar, es una cuestión que ya responde a las propias habilidades institucionales y las limitaciones que hay en el territorio. Pero ese documento sí tiene un valor.

Tenemos muchas deficiencias, pero como Estado no podemos renunciar a seguir avanzado hacia una protección efectiva. Sabemos que no vamos a cumplir un estándar ideal de la noche a la mañana, pero la idea es que haya un compromiso para la construcción, un compromiso que no solamente le corresponde al Estado, sino también debe estar involucrada la sociedad civil y los propios defensores. Recordemos, esta es una tarea de todos.

[Ver además►Propuestas de la SPDA para fortalecer el acceso a la justicia y defensa de DD. HH. en materia ambiental]

Respecto a la tarea de todos, ¿cuál sería el rol del Congreso en el tema de la protección de los defensores ambientales?

En este contexto, lo primero que podría hacer el Congreso es ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual fortalecería el marco normativo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. El Congreso, además, es el encargado de aprobar el presupuesto público para el Ejecutivo; en ese sentido, a través de la Comisión de Presupuesto, se tiene que analizar estos temas y se debería darles prioridad.

En el caso particular del Acuerdo de Escazú, ¿qué tanto aportaría este tratado en el caso de la protección de los defensores ambientales?

Este acuerdo establece, en su capítulo 9, la necesidad de generar entornos seguros para las personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, es una herramienta que exigiría al Estado lograr este objetivo. Ahora contamos con un mecanismo que tendría el respaldo de este acuerdo internacional y nos abre también una puerta importante a otras entidades y organizaciones que tienen experiencias similares.

Creo que el Acuerdo de Escazú también nos ayudaría como un referente en la elaboración de directivas, marcos normativos y estándares que podemos incorporar en los sistemas nacionales. Entonces, este tratado aporta al fortalecimiento institucional. No es que el acuerdo vaya a solucionar los problemas inmediatamente, habría todo un proceso de fortalecimiento de capacidades, y una decisión desde el Estado para abordar esta problemática.

 

[Ver además►“El Acuerdo de Escazú no cede soberanía o territorio, eso es falso. No tiene sustento”]