Un impuesto al carbono. Esa es la propuesta de Michael Jakob, investigador de Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change de Berlín.

En esencia, se trata de poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como método para mitigar el cambio climático. En la práctica, que las industrias paguen un precio a la extracción o importación de hidrocarburos.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) conversó con el académico para conocer los alcances de su iniciativa y cómo podría beneficiar al país.

Distintos beneficios

Para Jakob, un impuesto al carbono tendría varios beneficios, especialmente en la población más pobre del país, que “no hace uso de mucha energía”. Pero, para ello, primero el Estado tendría que invertir eficientemente el dinero recaudado.

“Con más dinero se puede financiar, por ejemplo, educación, salud, medio ambiente, infraestructura, acceso al agua o parques nacionales, lo cual podría aumentar el bienestar social. Es importante que la gente vea los beneficios tangibles, como sería, por ejemplo, que suba el gas, pero que al mismo tiempo bajen los costos de los hospitales o de la educación”, puntualiza el investigador.

Asimismo, un precio al carbono tendría como consecuencia un uso más eficiente de los hidrocarburos. Y así como se puede aprender de buenas experiencias como Irán, donde las personas empezaron a recibir depósitos mensuales extraídos directamente de dicho impuesto, Jakob también hace mención a Ecuador para graficar un error que no se debería cometer.

“Allí tienen subsidios muy altos a la gasolina y el diésel, y no hay ningún incentivo para utilizarlos de manera eficiente”, subraya el investigador de la Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change de Berlín.

Allanando el camino

Eso sí, para que estos beneficios sean una realidad, primero deben cumplirse ciertas condiciones. Por el lado técnico, Jakob no ve complicado el panorama. “Lo más difícil es el tema político, porque el precio al carbono serían costos para las industrias, y estas muchas veces tienen bastante poder, por ejemplo, la minería”, advierte.

Otros aspectos imprescindibles son “la capacidad institucional para poder implementar este impuesto y la participación pública, que el Gobierno haga un esfuerzo por entender los impactos de esta medida y cómo prevenir resultados adversos para la población en pobreza”.

Jakob no se olvida de la sociedad civil como actor importante en la colocación de este tema en la agenda pública y su posterior implementación. “Se necesita que la gente haga algo. Cambiar el comportamiento en función del uso eficiente de la energía y la introducción de un impuesto no son alternativas opuestas, sino sinergias”, observa. “Si tienes cambio de comportamiento en cuanto a un uso de energía más eficaz, será más fácil introducir un precio al carbono; y al mismo tiempo, si no se tiene un precio al carbono, va a ser difícil tener esos cambios de comportamiento”, explica.

Finalmente, Jakob subraya la necesidad de contar con políticos dispuestos a cambiar las leyes e instituciones capaces de realizar reformas verdes, así como el respaldo internacional que pueden dar, por ejemplo, los foros regionales para intercambiar experiencias, acuerdos internacionales y el apoyo de bancos de desarrollo.

Para conocer más detalles sobre esta propuesta de impuesto al carbono, puedes leer esta columna que escribió el autor en Actualidad Ambiental.