América Latina y el Caribe es la región con más registro de conflictos sociales de carácter ambiental en el mundo y los motivos van desde la falta de transparencia en la gestión ambiental hasta el incumplimiento de compromisos con la ciudadanía, señala el Environmental Justice Atlas. A esto se suma que en el 2017 obtuvo la mayor cantidad de asesinatos a defensores ambientales, según un informe de Global Witness. Este escenario es uno de los motivos por el que diversos países, representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales impulsan la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que fortalece el derecho al acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Luego de su adopción en marzo del 2018, después de un proceso de negociación impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que inició en el 2014, se percibió una desaceleración de los países para suscribir e iniciar el proceso de ratificación ocasionado por los constantes cambios de gobierno y la discontinuidad de políticas públicas, que daban un escenario desfavorable para la implementación del Acuerdo.

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A la fecha, de los 33 países en América Latina y el Caribe, 17 han firmado el Acuerdo de Escazú, pero solo Guyana lo ha ratificado, y Bolivia y Uruguay se encuentran en la etapa final de hacerlo de manera oficial. Para que entre en vigor es necesario que otros ocho lo ratifiquen; sin embargo, el escenario actual es disperso. Existen países que continúan en la carrera para ratificarlo, como el nuestro, pero también están los que han demostrado su falta de interés en suscribirlo, como Chile.

¿Cuál es el avance del proceso? Actualidad Ambiental conversó con representantes de organizaciones de la sociedad civil que han formado parte del proceso de negociación y ahora continúan empleando esfuerzos para hacer realidad el Acuerdo de Escazú en sus países y llevar los beneficios que conllevaría su implementación para la ciudadanía, particularmente las poblaciones vulnerables.

Retroceso e incertidumbre social

El proceso de elaboración del Acuerdo de Escazú, impulsado por Chile, inició el 2012 durante el primer periodo del presidente Sebastián Piñera y continuó activamente en la gestión de Michelle Bachelet. Por ello, en el inicio del segundo periodo de Piñera, en marzo del 2018, se esperaba que Chile firme el acuerdo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de ese año. Sin embargo, dos días antes del evento anunciaron que no firmarían.

Esta respuesta fue considerada como un retroceso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, más aún, al ser Chile sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que ejerció la secretaría técnica en el proceso de negociación del Acuerdo. En respuesta, 130 expertos en derecho ambiental e internacional, mediante una carta dirigida al mandatario, exhortaron a Piñera a “honrar el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales”. En la misiva recordaron también el rol de liderazgo del país del sur durante la etapa preparatoria, así como su copresidencia en el periodo de negociación del acuerdo.

Para Andrea Sanhueza del Open Government Partnership y representante del Mecanismo Público Regional en el proceso de negociación del Acuerdo, explica que el argumento del Gobierno está vinculado a la demanda en La Haya interpuesta por Bolivia por el acceso al mar. “El fallo resultó ser a favor de Chile, a pesar de eso nos dijeron que el convenio atenta contra la soberanía de nuestro país. Tomaron como referencia un artículo estándar que ocupa muchos convenios internacionales que dice que cuando hay una controversia entre las dos partes pueden crear un grupo y si no hay consenso en el grupo, y los dos lo deciden, pueden acudir a La Haya. El Gobierno usó este artículo para no firmar. Lo curioso es que Chile ha firmado varios convenios que incluyen este mismo artículo. Nos hemos dado cuenta de que este es un tema de voluntad política”, indicó.

Por su parte, el Gobierno a través de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que actualmente la legislación de Chile cubre más allá que lo establecido en el Acuerdo de Escazú, durante la semana de negociación climática en Bonn, en junio de 2019. Sin embargo, para Constanza Dougnac de la ONG Fima – Con derecho al ambiente hay una dualidad importante. “Si bien hay un nivel de institucionalidad e inclusión, el acceso a la justicia no está asegurado. Las comunidades se enfrentan a grandes empresas y lo peor es que se enfrentan al mismo Estado. Existen los tribunales ambientales, pero la carga de la prueba está sobre la ciudadanía. Por otro lado, existe la Ley sobre Acceso a la Información Pública, pero en la realidad no toda se encuentra disponible”, sostuvo la especialista.

Actualmente, las campañas informativas emprendidas en los últimos años han posicionado en la ciudadanía el Acuerdo de Escazú y ha logrado el apoyo del Congreso, por lo que las organizaciones centran sus esfuerzos en promover que el Gobierno lo firme. Esperan que esto suceda durante la Asamblea General de septiembre, previa a la COP25 de diciembre que tiene como sede el país sureño.

Por su lado, Colombia dio inicio a una gestión presidencial de Iván Duque Márquez en agosto del 2018, quien recibió un país polarizado a raíz de los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, incrementando los ataques a líderes sociales. “El escenario político es difícil, porque luego del Acuerdo de Paz el conflicto en las zonas donde la guerrilla tenía posesión aumentó. Esto tiene un impacto directo en el acuerdo, porque aumentó el número de asesinatos a líderes sociales. Es un contexto social sumamente difícil para lograr la implementación del acuerdo”, señaló Alicia Gómez de la Asociación Ambiente y Sociedad, organización que ha instado al presidente Duque que se sume a la firma del Acuerdo.

El año pasado, 805 líderes sociales fueron asesinados, 245 más que en 2017, de acuerdo al informe La Naranja Mecánica del programa Somos Defensores. Un panorama desalentador que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país buscaron frenar a través de la creación de los centros regionales de diálogo ambiental, instancias que facilitan el diálogo sobre la identificación y discusión de los conflictos ambientales. Otra medida fue la instalación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (Mida), la cual busca aportar insumos al diseño y seguimiento de los derechos procedimentales a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú).

Sin embargo, para Alicia Gómez estos espacios de participación son de difícil acceso o están sin implementar. A pesar de ello, las organizaciones de la sociedad civil consideran como oportunidad el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se habla del Acuerdo de Escazú. “Se ha iniciado una red de derecho de acceso desde donde se buscará impulsar el Acuerdo”, indicó Gómez.

Finalmente, el caso de Brasil liderado por el presidente Jair Bolsonaro, desde enero de este año, ha puesto en riesgo los temas que promueve el Acuerdo de Escazú. Con la desarticulación del sistema de gestión y protección ambiental, al transferir el Servicio Forestal y la gestión de recursos hídricos a otros ministerios, y la eliminación de órganos internos que se ocupan del cambio climático y desertificación, traza un paisaje desalentador para la suscripción del Acuerdo. Un reciente estudio titulado “Tierra de resistentes” –de la organización de periodismo de investigación Convoca– indica que en la última década se han registrado 1 179 ataques a activistas defensores de los bosques y el agua en 7 países de la región, siendo Brasil líder en la lista con 754 ataques registrados.

Perfilando al nuevo líder regional  

Para que el Acuerdo pueda entrar en vigor, es necesario que 11 países puedan ratificarlo. Para completar este requisito, los países deberán sumarse a la labor de Cepal de impulsar que más naciones de la región suscriban el Acuerdo y los procesos de ratificación puedan concluirse en el menor plazo posible. Para lograrlo, la región deberá encontrar a un país que lidere la implementación del Acuerdo y demuestre cómo aporta a la construcción de la democracia ambiental.

Luego de diez años del Gobierno de Rafael Correa, en mayo del 2017 Ecuador inició una nueva etapa con la elección de Lenin Moreno. Desde esa fecha la política gubernamental ha mostrado disposición al diálogo mediante reformas a las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta última reforma, a finales del 2018, considera la comunicación como un derecho, abriendo el camino a la libertad de expresión, según indica la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1]. A esto se suma el ingreso de Ecuador a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)[2], comprometiéndolo a impulsar un plan de lucha contra la corrupción, transparencia y participación ciudadana.

En este escenario de reformas, Ecuador formó parte del primer grupo de países que firmaron en septiembre del 2018 el Acuerdo de Escazú y ahora se aguarda el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de la República, órgano que ejerce el poder legislativo. De acuerdo a Daniel Barragán, director ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT), se están dando pasos importantes para su ratificación. “Un avance fue el reciente dictamen emitido por la Corte Institucional que viabiliza el tratamiento de un acuerdo internacional al concluir que cumple con ciertos parámetros alineados con el marco constitucional y, por ende, debe discutirse en la Asamblea Nacional”, detalló.

“Este dictamen de constitucionalidad es un fuerte apoyo de la presidencia que busca visibilizar la ratificación. Es una suerte de recomendación de aprobación. Sin embargo, esto ya no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo. Primero debe discutirse en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, una vez que se haya tratado dentro de la comisión y esta emita un reporte favorable es que recién pasa a discusión en el Pleno, donde se definiría si se ratifica o no. (…) Hay voluntad política y el acuerdo es una oportunidad para garantizar que los derechos se realicen en la práctica. Creemos que la discusión en sociedad civil es promover mecanismos que logren objetivos más ambiciosos como la conservación del medio ambiente, gestión ambiental, participación de las personas en la toma de decisiones. Existe una nueva lógica que implica que la ciudadanía forme parte del proceso y esto va alineado al Acuerdo de Escazú”, agregó Daniel Barragán. Con el reciente cambio de autoridades en la Asamblea Nacional se espera que se defina la configuración de las comisiones para restablecer los acercamientos con los nuevos actores.

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El caso peruano

Perú aún espera debatir la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República. Sin embargo, para que ello suceda, la Cancillería debe enviar un informe técnico que recomiende su aprobación. Nuestro país fue uno de los primeros en sumarse al proceso de negociación del Acuerdo. En el 2012, Perú conformó la vicepresidencia de la mesa directiva del comité de negociación que lideró el proceso de negociación y, durante su tercera reunión preparatoria a la negociación realizada en Lima, elaboraron la Visión de Lima, en donde plantearon las aspiraciones de los países de adoptar un Acuerdo que responda a las necesidades de la ciudadanía en cuanto a transparencia, democracia y justicia.

De acuerdo con Fátima Contreras, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Acuerdo de Escazú es un tratado con naturaleza operativa y que demanda acción del Estado. Por ello, el gran reto del país se encontrará en la implementación del Acuerdo. “Si bien nuestro país ha desarrollado políticas públicas implícitas que favorecen la aplicación de los derechos de acceso, existe una brecha importante que obstaculiza el pleno ejercicio de acceso a la información, participación y justicia, especialmente para las poblaciones vulnerables. Por ello, es imperioso que ratifiquemos el Acuerdo, porque reafirma el compromiso del Estado, porque facilitará la implementación de nuestro marco legal y porque nos establecerá un estándar base para trabajar y seguir mejorando la aplicación de estos derechos”, señaló Contreras.

“El proceso de ratificación del Acuerdo es largo y requiere de la voluntad política para poder llevarse a cabo. La Cancillería ya ha recogido los informes técnicos sectoriales que brindan su opinión sobre la ratificación del Acuerdo y no hay objeción alguna. Sin embargo, a la fecha, no hay información sobre el estado de este informe”, indicó. “Es importante que el Acuerdo pueda ser prioridad en la agenda legislativa y política de este año. El contexto social, político y económico de nuestro país exige que se implementen medidas para promover la transparencia y participación”, agregó.

Por el momento, Bolivia y Uruguay toman la delantera para ser el segundo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, después de Guyana. El primero, anunció en abril de este año la ratificación del acuerdo, a solo cinco meses de que el representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas lo suscribiera. Por su lado, Uruguay publicó en mayo el inicio del proceso de ratificación en su país.

Si bien existen diversos escenarios en la región, la balanza, por el momento, parece inclinarse a favor de otorgar derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental que responde a la necesidad y a la demanda ciudadana de construir y fortalecer la democracia y gobernanza ambiental. A pesar de ello, es evidente que para alcanzar la plena implementación del Acuerdo en América Latina y el Caribe, será necesaria la disposición, voluntad y la visión de los países de construir un futuro sostenible, justo y transparente. El Acuerdo de Escazú es el inicio y el medio que nos ayudará a dar inicio a este proceso, así como la consolidación de una región más unida y responsable.

[1] Organización de los Estados Americanos (25 de julio de 2018). Relatoría especial para la libertad de expresión [Presentación] Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/Reforma_LOC_Ecuador_Relator%C3%ADa%20para%20la%20Libertad%20de%20Expresi%C3%B3n.pdf

[2] Iniciativa multilateral que promueve la generación de compromisos concretos para instalar la transparencia y acceso a la información así como dar herramientas ciudadanas para la lucha contra la corrupción. Naciones Unidas. Recuperado de https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/tratados/alianza-para-el-gobierno-abierto

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