Foto: Jaime Tranca | SPDA

• Del 2015 al 2019 se han registrado 1203 muertes de vicuñas por cacería furtiva, en nueve departamentos del país. Las regiones con mayor incidencia fueron Ayacucho y Arequipa.

Con el fin de fortalecer la protección de la vicuña ante la caza furtiva, diversos organismos se reunieron en Ayacucho para crear la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (MRCVFFS).

Este grupo, integrado por representantes de comunidades campesinas y de los gobiernos regionales de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno, permitirá mejorar la articulación con las instituciones encargadas del control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, y las comunidades campesinas para enfrentar este problema.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del 2015 al 2019 se han registrado un total de 1203 muertes de vicuñas por cacería furtiva, en nueve departamentos del país, y las regiones con mayor incidencia han sido Ayacucho, con la pérdida de 946 ejemplares, y Arequipa con 96 especímenes.

Ante este panorama, el director ejecutivo del Serfor, Alberto Gonzales Zúñiga Guzmán, asumió el compromiso de atender de manera prioritaria la cacería furtiva de esta especie y la promoción de su fibra en beneficio de la población.

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Asimismo, agregó que a través de este grupo se podrá elaborar capacitaciones y protocolos de intervención para los efectivos policiales y desarrollar un plan estratégico que cierre brechas y permita acceder a recursos financieros.

Por su parte, las comunidades campesinas y los representantes de los gobiernos regionales coincidieron en la necesidad de contar con recursos que permitan a las autoridades ejercer el control preventivo, disuasivo y coercitivo contra los cazadores furtivos, y se sancione a los infractores. También destacaron la importancia de asignar derechos de aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña a comunidades y privados como medida de protección de esta especie.

En el encuentro también participaron representantes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, la SUNAT, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Dirección de Ganadería del Minagri.