Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

 

El último jueves la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que representa 38 comunidades nativas y 7 pueblos indígenas; la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (Anecap), que organiza a casi 42 mil personas de 19 pueblos indígenas; y la iniciativa ECA Amarakaeri, organización indígena de nivel técnico que administra la Reserva Comunal Amarakaeri; suscribieron una carta dirigida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para solicitar que las comunidades nativas de Madre de Dios y Cusco sean incluidas como beneficiarias del subsidio monetario de S/ 380.

“Los pueblos indígenas a la fecha vienen cumpliendo el aislamiento en sus comunidades acatando la emergencia nacional, hecho que conlleva a que su pequeña economía de subsistencia se vea afectada por inmovilidad en sus comunidades sin poder sacar sus productos del campo a la ciudad y sin contar con productos de primera necesidad para soportar la cuarentena”, indica el documento.

«Hemos preguntado a todas las comunidades y no hay ningún beneficiario de las comunidades que pertenecen a la Reserva Comunal Amarakaeri. Hemos cruzado información con Fenamad y prácticamente no hay personas o comuneros indígenas que están siendo beneficiadas con este subsidio. Nosotros no somos guardianes del bosque, somos más que eso, somos dueños y protectores de la naturaleza. Cumplimos un rol importante en la preservación de la naturaleza. También merecemos ser beneficiados, somos vulnerables a caer en pobreza y extrema pobreza«, indicó el presidente de Eca Amarakaeri, Walter Quertehuari, líder indígena del pueblo Harakmbut.

Como parte del Estado de Emergencia Nacional se ha limitado el tránsito terrestre y fluvial, generando un impacto en las actividades productivas de las comunidades, como es el caso de la producción de castaña que para el 2018 representó ingresos de hasta S/ 620 340 en las cuatro comunidades que la producen. Producción que inició en el 2015 con el fin de apostar por soluciones alternativas que apuesten por la conservación de los bosques tropicales.

«Las medidas (de aislamiento social) hace que no se desarrollen las actividades productivas de manera normal. Está afectando a todas las comunidades. Después de esto qué va a pasar», agregó Quertehuari.

Delegación de facultades

Salud, política fiscal y tributaria, trabajo y promoción del empleo, y control son cuatro de las once materias que serán priorizadas, hasta el momento, por el Ejecutivo, luego que el Congreso de la República aprobara la medida de delegar la facultad de legislar con el fin de afrontar con mayor rapidez la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Entre las materias que el Ejecutivo buscará legislar también está la prevención y protección de personas en situación de vulnerabilidad, en específico, grupos vulnerables como son los pueblos indígenas u originarios.

Cerca de 6 millones se identifican o consideran parte de uno de los 55 pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Perú. Según el último Censo Nacional (2017), esta población sería alrededor del 25% del total de la población peruana. Su vulnerabilidad se da principalmente por la brecha que existe en acceso a la salud, como especialistas de la SPDA lo han resaltado, así como por la falta de acceso a servicios básicos.

“Los pueblos indígenas u originarios reportan los mayores indicadores de exclusión y discriminación. Las brechas de acceso a servicios básicos son críticas. Por ejemplo, en la Amazonía peruana el 81.5% de los pueblos indígenas no cuentan con agua potable dentro de su vivienda y el 93% no cuenta con desagüe dentro de su vivienda de acuerdo al Censo 2017”, señala la propuesta del Ejecutivo.

El proyecto de ley incluye a población de alto riesgo a mujeres e integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y medidas para garantizar liberalidades a favor de las personas en situación de vulnerabilidad (es decir, donaciones).

DATO:

• Las facultades serán otorgadas por un plazo de 45 días, caso extraordinario considerando que regularmente es de 30 días.
• En un documento de la ONU publicado en febrero de este año afirma que los datos de nueve países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden a cerca del 30% de las personas viven en pobreza extrema. El promedio mundial de poblaciones indígenas en esta situación es de 19%. En un comparativo, en América Latina son tres veces más proclives a estar en pobreza extrema que otros grupos de población.