• EarthRights International, Global Witness, Natural Justice, SPDA, CIVICUS y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, publicaron un documento donde recomiendan a los Estados tomar medidas urgentes para proteger a quienes están en primera línea enfrentando la crisis climática.

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Los defensores del territorio y el ambiente tienen un papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático; sin embargo, a menudo son objeto de violencia, acoso, intimidación y criminalización por luchar contra la expropiación de tierras y los atentados contra el planeta. En los últimos años, esta situación se ha agravado, pero no han obtenido la protección que requieren con urgencia.

En ese contexto, EarthRights International, Global Witness, Natural Justice, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), CIVICUS y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, organizaciones que defienden la justicia climática y los derechos humanos, publicaron un documento de recomendaciones dirigido a los formuladores de políticas que participarán en la conferencia climática COP27 en Egipto, en donde se les exhorta a tomar medidas significativas para proteger a quienes están en primera línea enfrentando la crisis climática, y facilitar una participación diversa, segura y efectiva de los observadores de la sociedad civil durante las COP.

Recientes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que el mundo tiene una oportunidad cada vez más limitada para evitar una catástrofe climática. Mientras tanto, las comunidades indígenas y las que están en primera línea son quienes soportan los peores impactos del cambio climático, y reciben crecientes amenazas por luchar en contra de abusos ambientales –desde la deforestación hasta la minería– sin que se haya establecido mecanismos para delimitar la responsabilidad corporativa por dicho daño. Durante años, la sociedad civil y los pueblos indígenas han manifestado también su preocupación por el acceso, participación y libertad de asociación en el curso de las reuniones del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La COP27 plantea retos adicionales en vista del espacio cívico cerrado que existe en Egipto.

“Los Estados no han podido ofrecer un nivel de protección adecuado para las personas defensoras del ambiente y del territorio, ni las garantías que necesitan para ejercer su rol de una manera segura. Ya sea por apatía o incapacidad, o por la intervención de grupos o esquemas de poder, corrupción o crimen organizado, lo cierto es que los Estados no avanzan como debieran en la protección de los derechos de los defensores.  Es fundamental que la CMNUCC y la COP27 reconozcan e integren con mayor fuerza el rol de los defensores en la lucha contra el cambio climático para así lograr mayores esquemas de protección”, expresó Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

[Ver además ► CIDH pidió al Estado no criminalizar a defensores ambientales y ratificar el Acuerdo de Escazú]

Según Global Witness, desde el año 2021, un defensor del territorio y del ambiente ha sido asesinado, en promedio, cada dos días. Expertos de la sociedad civil también han reportado un repunte en la criminalización de las personas defensoras, la aprobación de normas que previenen la libertad de asociación, y los esfuerzos por desalentar la acción de los activistas a través de demandas punitivas tales como la Litigación Estratégica contra la Participación Pública (SLAPPS por sus siglas en Inglés). En septiembre, EarthRights identificó 134 casos ocurridos en los últimos diez años en los Estados Unidos, donde la industria fósil ha utilizado SLAPPS y tácticas similares en contra de quienes hayan criticado sus prácticas.

Shruti Suresh, jefa de Estrategia de Campaña de Global Witness en favor de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, expresó: “Alrededor del mundo, los pueblos indígenas, los activistas medioambientales y otros defensores de la tierra y el medioambiente están trabajando para enfrentar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.  Sin embargo, estas personas están siendo atacadas y enfrentan violencia, criminalización y acoso, a manos de gobiernos represivos y compañías que priorizan el beneficio económico sobre los derechos humanos y medioambientales. Necesitamos con urgencia promover una rendición de cuentas corporativa y gubernamental para defender a los defensores y facilitar su participación en la toma de decisiones en temas climáticos”.

Estas tendencias van en contra de los recientes acuerdos multilaterales internacionales sobre el ambiente, tales como el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, y el Convenio de Aarhus en Europa, el cual reconoce el rol de los defensores ambientales hacia una transición justa, y la necesidad de protegerlos contra mayores daños.

“El Acuerdo de Escazú fue el primer tratado en el mundo que incluye obligaciones específicas para el reconocimiento y protección de los defensores medioambientales”, refirió Natalia Gomez, asesora de Políticas en Cambio Climático para EarthRights. “Sin embargo, en el curso de las negociaciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se reconoce muy poco el rol central que tienen los defensores medioambientales y de derechos humanos en la respuesta global al cambio climático.  La próxima COP27 representa una oportunidad histórica para que las Partes incrementen la acción climática al avanzar en el reconocimiento y protección de los defensores medioambientales. No lograremos una justicia climática sin proteger a aquellos que se encuentran en primera línea de la crisis”.

Si bien en todas partes del mundo los activistas sufren represalias, los expertos que apoyaron la autoría del análisis concuerdan que ciertas partes de África son particularmente peligrosas para los defensores medioambientales y de derechos humanos.

“Los defensores medioambientales en África son, cada vez con mayor frecuencia, el blanco de represalias relacionadas al creciente apetito por combustibles fósiles, proyectos de desarrollo no sostenible, e iniciativas de conservación en toda la región”, manifestó Eva Maria Okoth, funcionaria senior de Programa para Natural Justice. “El informe de Natural Justice 2021 sobre el Fondo Africano para los Defensores Medioambientales reveló que la mayoría de las personas defensoras ambientales apoyadas por el fondo recibieron múltiples amenazas, incluyendo amenazas de muerte, de detención o de ataques. Además, el informe establece que el desalojo es la segunda amenaza más frecuente a la que se enfrentan los solicitantes. Otros riesgos comunes documentados en todo el mundo incluyen agresiones físicas, demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPS), hostigamiento judicial, y violencia emocional y sexual”.

“Los defensores de la tierra y medioambientales de África enfrentan un sinnúmero de retos en su lucha en pos de una acción climática; estos retos están caracterizados por la violencia, la represión, el acoso y la criminalización”, agregó Audace Kubwimana, coordinadora regional de África para la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC). “A medida que la crisis climática avanza, la violencia empeora contra quienes protegen nuestra tierra y el ambiente. El silenciar  a grupos disidentes pone en peligro la vida y los medios de subsistencia de poblaciones vulnerables, y empaña el rol tan significativo de los defensores en el contexto de la crisis climática”.

“Los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los derechos indígenas en África están dentro de las comunidades más vulnerables a la violencia y el acoso a manos de sus Estados. Dicha impunidad se mantiene incólume en muchos países incluyendo Camerún, Nigeria, Kenia, Tanzania, Uganda y África del Sur. Los Estados deberán garantizar que los defensores medioambientales, de la tierra e indígenas no sean objeto de represalias al desarrollar actividades legítimas en defensa de los derechos de sus comunidades”, sostiene el Paul Mulindwa, oficial de Defensa y Campañas CIVICUS para África.

“Las represalias a las que se ven expuestas los defensores medioambientales y de la tierra en el hemisferio sur, junto con las crecientes amenazas de pérdidas y daños a causa del cambio climático, constituyen una gravísima violación a sus derechos humanos fundamentales y, en definitiva, a su derecho de autodeterminación. Es fundamental que se proteja a los defensores, pueblos indígenas y a las comunidades que están en primera línea; asimismo, sus derechos deberán expandirse, y deberán estar protegidos de quienes sean responsables de las represalias y de criminales climáticos, personas que sistemáticamente ponen el beneficio económico por encima de las personas y el medioambiente”, concluyó Katherine Robinson, jefa de Campañas para Natural Justice.

Recomendaciones para las Partes del COP27

El documento elaborado por las organizaciones resaltan puntualmente las siguientes recomendaciones:

• Las Partes deberán reconocer el vínculo entre la crisis climática y la creciente violencia y represión contra los defensores de la tierra y medioambientales; y tomar medidas significativas para proteger el rol que cumplen los defensores en la promoción de la ambición y la acción climática mejorada.
• Asegurar un sólido y efectivo plan de acción para la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), que incluya las siguientes actividades:
  • Mantener un diálogo ACE sobre defensores de derechos humanos medioambientales, incluyendo a los pueblos indígenas y a las comunidades en primera línea, con el fin de identificar los obstáculos que enfrentan los defensores al ejercer su derecho al acceso a la información, participación pública y educación.
• Identificar brechas que impiden que los defensores medioambientales tengan acceso a la información y a la participación en la acción climática a través de consultas a los pueblos indígenas y a las comunidades que están en primera línea, agencias pertinentes de las Naciones Unidas, grupos relevantes de la sociedad civil, y otras partes interesadas clave.
• Proporcionar recomendaciones específicas para las Partes, agencias intergubernamentales y otras partes interesadas clave, de manera que puedan tomar acciones que incrementen la protección de los defensores y les permitan ejercer su derecho a participar y contribuir en la toma de decisiones en temas relacionados al clima y al ambiente.
• Garantizar que los expertos en derechos humanos, los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos y medioambientales, así como representantes de las comunidades que están en primera línea, puedan participar en el diálogo técnico y en las mesas redondas del Balance Mundial; y facilitar y liderar algunas discusiones.
• Abordar la situación de los defensores de tierras y medioambientales durante el Diálogo Técnico y las mesas redondas que se realicen durante el Balance Mundial. Los resultados del Balance Mundial deberán ofrecer guías específicas para que las Partes puedan impulsar la ambición colectiva para cumplir con sus obligaciones en lo referente a derechos humanos. Esto debería incluir directrices para proteger los derechos de los defensores de tierras y medioambientales, y garantizar su acceso a la información, la participación pública y las consultas.
• Los Gobiernos que deseen ser anfitriones de las COP deberán facilitar el ejercicio del derecho de libre asociación y reunión pacífica, y garantizar una participación segura de los representantes de las sociedad civil y de grupos indígenas.